En sus seis años como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha dado a las Fuerzas Armadas de su país dos tareas importantes: construir obras de infraestructura para impulsar la economía y frenar los crímenes violentos.
- Sin embargo, al final de su presidencia, solo habrá logrado una de ellas y habrá dejado la otra peor que nunca.
AMLO, como se conoce al presidente, ha utilizado las Fuerzas Armadas del país para edificar aeropuertos, construir un ferrocarril de casi de 960 kilómetros a través de la selva maya y crear una aerolínea estatal. Y es probable que esas iniciativas afiancen su legado económico mientras se prepara para dejar el cargo tras las elecciones presidenciales de junio de este año.
Sin embargo, López Obrador también dejará otro legado. Su Administración ha presidido el mandato más sangriento en la historia reciente del país, con más de 170 mil homicidios desde que asumió el cargo en 2018 hasta febrero. Esta cifra corresponde a un aumento del 26% con respecto a los 135.345 asesinatos registrados durante el mandato de su predecesor, Enrique Peña Nieto. Y esto ha ocurrido pese a que los presupuestos combinados de las Fuerzas Armadas –compuestas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina-Armada y la Guardia Nacional– se han incrementado en un 150 por ciento.
“Este Gobierno tuvo las herramientas legales, los instrumentos institucionales y el presupuesto más grande que ninguna otra Administración, y los números son peores”, dijo el senador independiente Emilio Álvarez Icaza. Tenemos los peores números de homicidios, de desapariciones, de feminicidios. Y la pregunta entonces es, ¿qué hicieron?”
- Casi todos los fondos adicionales que la Administración de AMLO proporcionó a las fuerzas militares se destinaron a reestructuras que las convirtieron en una potencia de la construcción, según un análisis de Bloomberg News y Presupuesta Policy Consulting SA. Esta es la evaluación más profunda de los recursos y las prioridades de gasto de la Fuerzas Armadas hasta la fecha. Mientras tanto, a medida que proliferaban los atracos, los secuestros y las extorsiones, el presupuesto para entrenar y desplegar soldados se mantenía prácticamente inalterado en términos reales.
La Secretaría de Seguridad —una entidad separada que financia ciertos esfuerzos de seguridad pública administrados por civiles, incluido el sistema penitenciario federal— gastó casi un 55 por ciento menos durante el Gobierno de López Obrador que durante el de Peña Nieto, y aproximadamente un 12 por ciento menos que durante el mandato de Calderón. La Secretaría recibe fondos para la Guardia Nacional, que Bloomberg no incluyó en este cálculo ya que es operada por las Fuerzas Armadas.
Mientras el presidente es flanqueado por los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina-Armada de México en varios cortes de listón, se ha dejado que los cárteles realmente dirijan algunos sectores de la sociedad mexicana. Cobran a los ciudadanos por todo, desde las conexiones wifi hasta el uso del agua, e incluso por el derecho a celebrar fiestas. Desde el inicio de la temporada de elecciones presidenciales de este año, el 1 de marzo, casi 400 personas relacionadas con el sector político han sido amenazadas o secuestradas, según la consultora Integralia, con sede en Ciudad de México. Al menos 24 han sido asesinadas.
Todo ello ha hecho que la seguridad pública sea un tema prioritario para los votantes. Según una encuesta reciente, el 46 por ciento considera que la seguridad ha empeorado durante el mandato de AMLO, mientras que el 74 por ciento cree que el Gobierno es muy corrupto. También han aumentado las tensiones con Estados Unidos, donde la migración a través de su frontera sur con México y el ingreso de drogas con fentanilo son los temas principales en la carrera presidencial entre Joe Biden y Donald Trump.
Esto deja a la próxima presidenta de México —ya sea la protegida de AMLO y gran favorita, Claudia Sheinbaum, o la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez— con opciones limitadas para frenar el gasto y el poder de las Fuerzas Armadas, al menos en el corto plazo. En 2022, AMLO cambió la Constitución para permitir que las fuerzas militares se encargaran de la seguridad pública al menos hasta 2028.
- “Hizo muy difícil que la nueva presidenta pueda echar atrás todos sus cambios si no es con la construcción de mayorías amplias en el Congreso de la Unión”, dijo Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia, una asociación civil no lucrativa que publicó un informe titulado El negocio de la militarización en México. “Existen otros riesgos relacionados con el empoderamiento económico y político de las Fuerzas Armadas: son una fuerza muchísimo más poderosa de lo que eran antes”.
- La oficina del presidente y la Secretaría de la Defensa Nacional no respondieron a solicitudes de comentario para este artículo. “Se habla de que ya todo está en el Ejército y la Marina”, dijo López Obrador en enero durante una de sus habituales conferencias de prensa matutinas. “Es apoyarnos en dos instituciones que son pilares del Estado mexicano y que nos han ayudado mucho para cumplir con nuestra responsabilidad de Gobierno”.
En una entrevista, Arturo Zaldívar, exministro de la Corte Suprema que ahora ayuda a Sheinbaum a diseñar su estrategia de seguridad, dijo que “las Fuerzas Armadas en México siempre han sido leales. Se irá valorando”. Sin embargo, en cuanto a la construcción de infraestructura señaló que “en términos económicos y operativos quizá redimensionar el papel que tienen o no las instituciones. Fue muy importante que ellos intervinieran, habrá que ver si hay razones o no a futuro”.
“Quien sea que llegue, sea Xóchitl o Claudia, va a tener muchos problemas para gobernar este país”, dijo María Elena Morera, activista y presidenta de Causa en Común A.C., organización sin fines de lucro que estudia la seguridad y otros temas. “Con los militares, tienen tanto poder ahora, que a lo mejor podrían llegar a un acuerdo que les convenga. Lo que va a ser muy difícil va a ser quitar los negocios. Y ellos son los que insistieron mucho en quedarse con la seguridad del país”.
El presupuesto público para las Fuerzas Armadas
El programa tenía un nombre que sonaba muy oficial: Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Nacional. Pero en lugar de financiar obras de infraestructura que sirven a la ciudadanía, como una línea de tren o un nuevo aeropuerto, el programa de inversión financia mejoras y ampliaciones de las instalaciones de las Fuerzas Armadas.
- Durante la Administración de AMLO, la Secretaría de la Defensa utilizó los fondos para construir nuevas bases aéreas y militares, y remodeló y amplió hospitales castrenses, según un análisis de Bloomberg sobre el gasto de las Fuerzas Armadas. También modificó un rancho para incluir un centro de reproducción equina, agregó un elevador de carga para un gimnasio en el cuartel general de Lomas de Sotelo en Ciudad de México y construyó un centro de buceo en Cozumel, entre muchos otros proyectos.
Lo que también es notable es que las Fuerzas Armadas finalmente gastaron un 288 por ciento más en el programa que los 35,400 millones de pesos, o cerca de 2 mil 100 millones de dólares, que el Congreso aprobó originalmente entre 2019 y 2022. Eso significó que el programa de infraestructura militar representó el 22 por ciento del presupuesto anual de la Secretaría de la Defensa, un aumento del 1 al 3 por ciento que se asignaba habitualmente durante los años de Calderón y Peña Nieto.
En tanto, el programa de proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional de la Marina, ahora solo representa el 1.5 por ciento del presupuesto global de su secretaría. Eso es menos que el 2.5 por ciento durante los años de Calderón, y que el 4,3 por ciento durante la era de Peña Nieto.
- La Secretaría de la Defensa pudo gastar más de lo asignado a estos proyectos a través de lo que se conoce como enmienda, una herramienta que permite a una secretaría cambiar el presupuesto sin la aprobación del Congreso, como ocurre en muchos otros países. Según Aura Martínez, coordinadora de información de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, el Congreso solo es informado sobre las enmiendas en contadas circunstancias, cuando los cambios superan el 5 por ciento del presupuesto de un determinado ramo gubernamental.
- Dicha secretaría ha sido una ávida usuaria de las enmiendas y entre 2019 y 2022 gastó un 27%¿ por ciento más de lo aprobado por el Congreso, según el análisis.
“Nunca habíamos visto tantos mecanismos de aprovechamiento económico puestos a disposición de las Fuerzas Armadas como hoy”, dijo Sánchez. “El sobre ejercicio de la Sedena es equivalente al presupuesto anual de la Secretaría del Trabajo”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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