Se han revisado 368 casos de presos políticos en el país y 16 ya fueron liberados, informó Olga Sánchez Cordero, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
- Los procesos que se revisan son de carácter federal, sin embargo, a través de las instancias del poder judicial se podrían revisar los casos de las personas privadas de la libertad que están presas en las entidades federativas.
- Por ejemplo, hay ambientalistas por haberse opuesto a las prácticas del fracking y fueron privadas de su libertad por esto. Igualmente, hay mujeres privadas de libertad en los estados por haber interrumpido su embarazo.
“Es un problema de competencia federal y local porque las entidades federativas son las que tipifican los delitos. Este (interrupción del embarazo) es uno de los grandes temas que se están tratando de analizar, apoyándolas en el amparo con defensores públicos, se trata de brincar de instancia local a instancia federal.”
- Hablando de la ley de amnistía, Sánchez Cordero detalló que ésta debe pasar por el Congreso federal. Aclaró que están revisando casos para determinar un “universo de personas” acreedoras a dicho beneficio.
Desplazados
- El 27 y 28 de diciembre un grupo de funcionarios visitó a un grupo de desplazados en el país, informó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población. Expresó que existen alrededor de 600 afectados y señaló que las dependencias de Seguridad atenderán la situación.
Sánchez Cordero: Ambientalistas, defensores y gente humilde fue encerrada por medio de montajes
La Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, dijo esta mañana que al menos 16 personas han sido liberadas porque se encontraban presas injustamente, e informó que se revisan otros 368 casos. Señaló que hay ambientalistas que se opusieron al fracking en Puebla y están presos; o ciudadanos que fueron apresados por protestar.
- La Ministra dijo que a muchas personas se les inventaron incluso secuestros y extorsión para meterlos a prisión cuando protestaban en contra de megaobras. Sobre todo en la zona norte de Puebla. “Hay denuncias de ciertas instituciones públicas, de Secretarías de Estados, o como en este caso, de la CFE, en donde tiene que haber desistimiento”, explicó.
“Hay muchísima gente humilde que no tuvo derecho a un defensor público. Yo tengo casos de mujeres indígenas que transportaban una mochila con mariguana o amapola y no tuvieron derecho a una defensa, a un interprete”, dijo. “No podemos permitir que la protesta social sea criminalizada.
Cada caso es particular, y cada caso es diferente, no podríamos generalizar ahorita. Uno está por fracking, otro por motín. Bueno, a muchos de ellos hasta les han hecho montajes de secuestros, extorsiones, y no hay elementos probatorios suficientes para que continúen privados de su libertad”, precisó./SIN EMBARGO-PUNTOporPUNTO
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