La organización Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación ante la inquietante situación en la frontera sur de México, tanto por el despliegue de mano dura mediante 6 mil elementos de la Guardia Nacional para controlar el ingreso irregular a territorio mexicano de miles de migrantes, como por los riesgos de que se presente una detención masiva de personas solicitantes de asilo. Acciones que, subrayó, violan el derecho nacional e internacional.
- El organismo civil internacional emitió una acción urgente dirigida a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la que llamó la atención sobre esas medidas que ponen en grave peligro a familias migrantes, en especial a los menores de edad y no impedirán que las personas que así lo decidan huyan de sus países para buscar refugio.
- Instó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a impedir las detenciones arbitrarias de migrantes y solicitantes de asilo, a garantizar que no se retenga en ningún caso a niños o niñas, y a sustituir el despliegue de la Guardia Nacional por una respuesta humanitaria que evalúe individualmente las necesidades de las personas que entran en México.
- En este llamado urgente, Amnistía Internacional recordó que el pasado miércoles 5 de junio, con un numeroso despliegue de militares, policías federales y agentes migratorios, se detuvo, cerca de Metapa, Chiapas, al menos a 400 migrantes provenientes de Centroamérica, entre ellos niños y adolescentes, a quienes llevaron a un centro de detención ya de por sí saturado, y a muchos las deportaron al día siguiente sin explicarles adecuadamente su derecho a pedir asilo o a explorar otras opciones migratorias en México. Incluso se les mantuvo por más de ocho horas sin comida.
Agregó que la detención masiva de migrantes y solicitantes de asilo sin una evaluación previa individualizada viola el derecho internacional. Estas detenciones y expulsiones aceleradas socavan el derecho de las personas que huyen de su país en busca de protección internacional, y también su derecho al debido proceso. Asimismo, la devolución de personas a territorios en los que su vida o su seguridad pueden correr peligro viola el derecho internacional aceptado por el gobierno de México./LA JORNADA-PUNTOporPUNTO
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