Así lo advierte el diagnóstico titulado «Léase si quiere gobernar (en serio)», elaborado por las organizaciones México Evalúa y Cidac.
- «A unos cuantos meses de finalizar, la Administración encabezada por Enrique Peña Nieto no deja un balance positivo en la contención, la reducción y la prevención de la criminalidad.
- «Pese a que había tomado como bandera la pacificación del país y modificado, al menos discursivamente, la estrategia contra la inseguridad al enfocarla en la prevención», indica.
La Secretaría de Gobernación reconoció el martes que en 2017 hubo un crecimiento «inusitado» en los índices delictivos de alto impacto en diversas regiones del país.
El 2017 cerró con 24 mil 899 homicidios dolosos, la cifra más alta de los últimos 20 años, incluso mayor a la registrada en 2011, en el auge de la guerra contra el narco declarada por Felipe Calderón.
En el documento, también alerta sobre el incremento de las violaciones a derechos humanos, las desapariciones, fosas clandestinas, feminicidios y el delito de trata de personas. «Lo que saturó y, en algunos casos, sobrepasó las capacidades de reacción del Gobierno», advierte.
- La respuesta al problema de criminalidad ha estado dominada por estrategias de reacción ante la falta de una política criminal integral, critica. “Las acciones del Gobierno (actual) mostraron rápidamente que el cambio era cosmético”.
- Persistió la militarización de la seguridad pública y se fortaleció con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. «No obstante, los resultados de la militarización han sido preocupantes. Durante el sexenio se registraron índices históricos de incidencia criminal», enfatiza.
Para México Evalúa y Cidac, la próxima Administración necesita dejar de pensar en «balas y policías», para dar paso a una política criminal integral. La ausencia de una política de este tipo, sostienen, es uno de los factores que más ha contribuido a los niveles de inseguridad e impunidad actuales, además de la erosión de la confianza institucional./ CON INFORMACIÓN DE REFORMA