El tribunal federal que ordenó crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso de los 43 normalistas de-saparecidos en Iguala aceptó emitir una nueva resolución para aclarar las cuatro sentencias que dictó al respecto.
El Magistrado Mauricio Fernández de la Mora, autor de los proyectos de sentencia aprobados este mes, hizo suya una solicitud del consejero jurídico del Ejecutivo federal, Misha Granados, y del presidente de la Cámara de Diputados, Édgar Romo.
En dichos amparos, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, desconoció toda la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas y ordenó crear una comisión investigadora en la que tendrían el mando la CNDH y los representantes de las víctimas, con el Ministerio Público como auxiliar.
- «Considero pertinente hacer mía la solicitud de aclaración planteada en representación del Presidente de la República, así como de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Lo anterior, a fin de que el Pleno de este tribunal colegiado, esté en aptitud de abordar dichos planteamientos en la próxima siguiente sesión ordinaria», acordó el Magistrado Fernández.
Agregó que se tratará de una «aclaración oficiosa» de la sentencia que ha creado confusión y provocó la crítica de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, que el viernes pasado la calificó de inconstitucional y excesiva.
El tribunal colegiado tendrá su próxima sesión este jueves. Además de Fernández, lo integran los Magistrados Héctor Gálvez y Juan Antonio Trejo, que también aprobaron los amparos.
- Granados y Romo pidieron la aclaración, porque el tribunal colegiado «sugirió» al Ejecutivo indemnizar con 500 mil pesos a la familia de cada uno de los desaparecidos, pidió la colaboración de todo el gabinete para «la nueva etapa de investigación», y también «solicitó» a la Cámara de Diputados que otorgue presupuesto a la Comisión de la Verdad y la Justicia.
- La aclaración de sentencia es independiente al recurso que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) la semana pasada ante el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Sabino Pérez García, sobre la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al amparo que ordena crear la Comisión de la Verdad en un plazo de 10 días hábiles a partir de su notificación.
El incidente de imposibilidad puede tomar varias semanas para ser resuelto, por lo que la PGR no estará en desacato; en tanto que la sentencia de Pérez García sobre si es o no posible cumplir los amparos, podría ser revisada por la Suprema Corte de Justicia. / CON INFORMACIÓN DE REFORMA
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