La brutalidad policíaca patrulla sin freno: 99 de cada 100 carpetas de investigación contra elementos de seguridad pública, militares y marinos quedaron en la impunidad, de acuerdo con 3 mil 862 solicitudes de información tramitadas vía Ley de Transparencia ante las fiscalías federal y estatales.
- Las respuestas oficiales constatan que los agentes investigados fueron acusados de cometer homicidios, desapariciones forzadas, tortura, lesiones y abuso de autoridad al momento de realizar detenciones.
- Una investigación impulsada por el Programa de Apoyo al Periodismo en México de la Unesco, en colaboración con MILENIO, revela que de 33 mil 750 expedientes que se iniciaron por estos delitos entre 2015 y 2020, sólo 373 se judicializaron y 172 concluyeron con una sentencia condenatoria, según la respuesta de los poderes judiciales locales consultados. Es decir, que el nivel de impunidad es de 99.5 por ciento.
La organización Amnistía Internacional (AI) define la brutalidad policial como el uso ilegítimo de la fuerza que tiene como consecuencia violaciones a los derechos humanos de la población civil. Esta mala práctica trata de mantenerse oculta por los gobiernos y ha derivado en casos de privación de la vida y tratos crueles, según la organización.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sus instituciones homólogas en los estados reportaron vía transparencia gubernamental que por estos delitos se tramitaron 54 mil 248 quejas ciudadanas contra policías, militares y marinos durante el mismo lustro.
Mediante la información de fiscalías y poderes judiciales, se comprobó que de 2015 a 2020 se iniciaron 278 carpetas de investigación por homicidio doloso contra policías y fuerzas federales. Un promedio de 46 casos por año.
- Además, se abrieron 5 mil 456 carpetas de investigación por tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; 526 carpetas por desaparición forzadas; mil 686 carpetas por lesiones y 25 mil 804 por abuso de autoridad.
- Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), organización que ha documentado y realizado acciones de capacitación con corporaciones policiacas locales, asegura que todo eso sucede a pesar de que existen lineamientos básicos para la actuación policial en acuerdos internacionales.
“Hemos hecho revisión en policías municipales y estatales y en la mayoría no existen protocolos de detención, de traslado de detenidos, para documentar el uso de la fuerza, sistematizarlo y que haya aprendizaje, salvo en muy pocas”, explica en entrevista.
El especialista sostiene que esa falta de criterios propicia un alto nivel de discrecionalidad al interior de las instituciones policiales, ya que se interrumpen los procesos en contra de los elementos que cometieron abusos o no informan a los ministerios públicos sobre las malas prácticas, aun cuando es una obligación.
Las cifras obtenidas son apenas un acercamiento de lo que ocurre en territorio nacional sobre la brutalidad policial. Una tercera parte de las fiscalías y poderes judiciales estatales consultadas no entregaron la información solicitada. Entre los argumentos para no hacerlo fueron no contar con la información desagregada, se declararon incompetentes para responder, la catalogaron como confidencial o decidieron reservarla.
Asesinatos contra civiles
De las 278 averiguaciones por homicidio doloso en las que se imputan a agentes de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, se determinó que 88 fueron judicializadas y en 66 se obtuvo una sentencia condenatoria.
- A través de las cifras recibidas, Nuevo León es el estado con más casos, ya que 83 asesinatos fueron cometidos en ese territorio: 32 atribuidos a la policía estatal, 30 a la municipal, ocho a la ministerial, 10 al Ejército y 10 a la Marina. En esa misma entidad, el Poder Judicial informó que 26 causas penales iniciadas concluyeron en una sentencia.
La Ciudad de México es la segunda entidad con mayor incidencia, al registrar 39 carpetas de investigación y 13 sentencias. Baja California le sigue con 28 averiguaciones, sin embargo, con las respuestas de su instancia judicial no se pudo determinar si alguna tuvo un fallo por parte de un juez.
Ministeriales acumulan quejas por desaparición
De 2015 a 2020 un total de 526 desapariciones forzadas fueron atribuidas a policías y fuerzas federales. De estas, 50 carpetas se judicializaron y sólo cuatro alcanzaron una sentencia condenatoria: el 0.8 por ciento.
- Los elementos municipales fueron a quienes más imputaron por este delito con 143 incidencias, 87 contra agentes estatales, en 57 casos se señaló a integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), en ocho de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en dos a ministeriales (uno en Nuevo León y otro en Yucatán) y en 229 no se pudo conocer la institución para la que se desempeñaban.
Pese a que los policías adscritos a ministerios públicos tuvieron la menor cantidad de averiguaciones en su contra, al revisar las quejas ante comisiones de derechos humanos, la acumulación de expedientes aumenta de manera exponencial. De las 692 quejas iniciadas contra uniformados locales y de las Fuerzas Armadas por desaparición forzada, en 206 se acusa a elementos de esas instituciones.
Tortura, un modus operandi
La tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometida por policías o integrantes de las Fuerzas Armadas, es el segundo delito que tiene el mayor índice de impunidad de los cinco que se tomaron en cuenta para esta investigación, sólo por debajo del abuso de autoridad. Mediante las respuestas de la FGR y 17 fiscalías estatales se contabilizaron 5 mil 456 carpetas de investigación abiertas de 2015 a 2020. De estas, sólo 14 fueron judicializadas.
- Con la información entregada por los tribunales de justicia estatales se tuvo conocimiento de 12 sentencias condenatorias por este ilícito; es decir, que únicamente el 0.2 por ciento concluyó en una sanción para los responsables.
En mil 619 expedientes, las personas imputadas formaban parte de la Sedena, 731 de la Semar, mil 889 de policías estatales, 357 de municipales, 618 de ministeriales, uno de la Guardia Nacional y en 241 casos no se pudo determinar la corporación a la que servían.
- Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México, considera que se trata de un delito que pocas veces se denuncia por el temor de las víctimas a sufrir represalias. “Hay que ver la cifra negra, seguro es muy alta para estos casos; pero también las denuncias que llegan a las comisiones de derechos humanos, ahí se comprueba que siguen estas prácticas”, expone.
La CNDH y las comisiones estatales, por su parte, reportaron 12 mil 003 quejas tramitadas en sus ventanillas por tortura cometida por Fuerzas Armadas o policías de 2015 a 2020, más del doble en comparación con el número de carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías.
Promesa incumplida
Marcela Villalobos y Miguel Garza coinciden que mientras no se apoye a los elementos desde lo más básico, su actuación estará determinada en gran parte por las malas condiciones en las que ejerzan su labor.
“Se necesita una política nacional que incluya el fortalecimiento de fuerzas civiles y sobre todo de las cabezas, de quienes están al frente de las corporaciones, también a ellos les debería tocar este tipo de sensibilizaciones, que entiendan que tienen la obligación de garantizar los derechos de las personas”, comenta Villalobos.
- El escenario no es favorable, considera el investigador, quien recuerda que un recorte presupuestal federal provocó la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el cual tenía como objetivos promover el desarrollo y la profesionalización de los uniformados, así como financiar estrategias destinadas a la prevención social de la violencia.
A esta problemática se suma el poco salario que reciben muchos de los policías locales en el país. Un estudio elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras dependencias federales reveló en 2021 que el sueldo de los uniformados va desde 6 mil 357 en Chiapas, hasta 21 mil 090 pesos en San Luis Potosí.
El promedio nacional se ubica en 13 mil 283 pesos, cuando el ingreso mensual por hogar debería situarse en 28 mil 440 pesos. Lo anterior ha derivado en una crisis de debilidad en las corporaciones, sostiene Miguel Garza.
“Ha sido una mentira y muy desafortunada la postura del gobierno desde que inició. Nos prometieron que iba a fortalecerse la policía municipal y la estatal, después hicieron el Modelo Nacional de Policía que tiene cosas muy interesantes para hacer instituciones más sólidas, pero sin recursos no se puede”./MILENIO-PUNTOporPUNTO
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