Al menos 22 estados son foco rojo de la violencia, amenazas, inseguridad y extorsiones que viven los empresarios en México, coinciden empresarios y analistas consultados por Publimetro, quienes explican que esta situación repercute directamente en una mayor inflación y una alza de precios para la población del país, quienes al final son los que “pagan los platos rotos”.
“En dos tercios del país, no menos de 22 estados, se presenta algún tipo de violencia en distintas zonas de las entidades, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero, Morelos, Estado De México, pocos estados se escapan”, revela el profesor Cuauhtémoc Rivera, presidente de Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Apec).
“Es en toda la república, lo más bajos siguen siendo Campeche, estados del sureste sin contar Quintana Roo, donde encontramos un turismo de trata de personas, el foco rojo es en toda la República, Campeche, Mérida o Querétaro tienen números bajos, pero van hacia la alza”, coincide Cristina Eugenia Pablo Dorantes, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)
- Para Gerardo López, presidente de ConComercio, organización nacida en 2021 que busca promover y defender los derechos de los comerciantes pequeños, es lamentable el ambiente de inseguridad que se vive en el país, sobre todo después de la pandemia, cuando comenzaron de nuevo a revelarse las zonas de alta conflictividad. “Estamos hablando de Estado de México, Guerrero, Michoacán, los casos en Tampico”, asegura.
“Estamos hablando de delitos como secuestro, extorsión y cobro de piso. Aquí en Ciudad de México, en delegaciones populares, es sabido que negocios familiares han tenido que cerrar, venden carnitas o tienen una papelería, medianos pequeños empresarios”, dice Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Empresarios asesinados
Tan sólo este año, se tiene reporte mediático de al menos siete asesinados en lo que va del 2024, el último en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en el estado, denunció extorsiones y cierres de tiendas debido a la violencia, pero fue asesinado este martes 30 de julio.
No es el único caso, hace un par de semanas, el pasado 10 de julio, se reportó la muerte de la líder de Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA), Minerva Hernández, asesinada en Ensenada, Baja California, debido a las denuncias sobre pesca ilegal y extorsiones.
- Sonora, Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua o Sinaloa, fueron el foco de atención ante asesinatos de empresarios o comerciantes, que las principales cámaras nacionales demandaron a las autoridades para que esclarezcan todas esas muertes, aunque pueden ser más debido a la falta de denuncia y a la cifra negra que no se cuenta por la falta de confiabilidad en las autoridades del país.
- De acuerdo con Oliva Posada, especialista en Seguridad y Defensa, esta situación ocasiona que se dejen de crear fuentes de empleo, se dejen de pagar impuestos y se genere un proceso de desinversión”.
“Si hablamos de impunidad es uno de los delitos con mayor incidencia, porque no hay denuncia, existe esa cifra negra, por la falta de confianza en las autoridades, cuando llegan a denunciar no hay trabajo de seguimiento o prevención (..) no hay personal capacitado, no existe atención ni medidas”, explica Cristina Pablo Dorantes, especialista en Seguridad.
“Hemos visto que creció la criminalidad, de hace algún tiempo, locatarios de mercados, dueños de pequeñas tienditas, locales que no tienen sucursales, son sujetos de chantajes, extorsiones y amenazas, mucho del pequeño comerciante migró de la reja para protegerse de los robos, que ya no son suficientes ante el incremento de la inseguridad, a instalar alarmas, cámaras, invertir en otros elementos”, comenta Gerardo López.
“(Es muy) lamentable lo que está pasando y el motivo de los sucesos, es un empoderamiento y envalentonamiento de parte de los agentes del mal que están golpeando a la sociedad, nos debe dar preocupación, generar molestia y rechazo a que eso pase”, señala Rivera. “Los compañeros han recibido presión, cobro de piso en los distintos lugares del país, muchos han sabido sortear la crisis, cambiar de domicilio. Quedó claro que este mal le va a todas”, agrega el líder de la Anpec.
Exigencias
De acuerdo con el presidente de ConComercio, la sociedad en general no debe quedarse a la deriva ante este “cáncer sociales”, además de generar protocolos de acción y atención que combatan la gran falta que es la “impunidad”, que será uno de los retos de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, o Clara Brugada en CDMX, porque para él, “la administración que termina no atendió ni resolvió el tema de la inseguridad”, uno de los grandes pendientes, dice, que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador.
- “Vemos que los grupos criminales han rebasado a las autoridades y muchas veces dicen, es que no puedo hacer nada, esa es la manifestación de que cuentan con más recursos, con infiltrados en los cuerpos policiacos o hay corrupción”, denuncia. “Es un tema donde la ciudadanía exige resultados, no podemos convertirnos en estadísticas, las vidas humanas no pueden ser porcentajes de un informe, la percepción de inseguridad con estos acontecimientos, secuestro de trabajadores, genera zozobra e incertidumbre”, sentencia el líder empresario.
- El presidente de la Anpec está de acuerdo: “(debemos) evidenciar el hecho, no debemos dejar que esto ocurra por debajo del agua o no denunciar por temor, ceder a la extorsión, si seguimos en esta tendencia se normaliza y será complicado que esto tenga reversa (…) el llamado a la autoridades es ponerse las pilas”, explica.
“La extorsión es una de las acciones más deleznables, además, contribuye a la inflación, los precios de los alimentos se elevan y se fortalece este problema. Alguien tiene qué pagar los platos rotos y lamentablemente siempre son los consumidores los que acaban pagando”, revela. “Con el cobro de piso el producto se encarece”, agrega la investigadora de la UAEMéx.
- No se aplica (ninguna medida por parte del gobierno) la tecnología es un gran recurso, pero las policías locales y la Guardia Nacional tienen un papel muy importante (…) estamos al final de sexenio y muchas medidas se dejaron de aplicar”, sentencia el investigador de la UNAM.
Pablo Dorantes también expone que se requiere una limpia o reforma a las autoridades investigadoras, no al Poder Judicial, porque deben estar bien las investigaciones para que se haga una verdadera justicia, pero “la seguridad es una obligación del Estado”, aclara al afirmar que se requiere de “voluntad política” con datos reales, para realizar un buen diagnóstico y pronóstico, “no con otros datos que dicen que tienen”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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