La hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR) privó de la libertad mediante arraigos, sin pruebas de que fueran realmente culpables de un delito y sin someterlas a un juicio, a más de 12 mil personas entre los años 2004 y 2018. En la mayoría de los casos, en una instalación denominada Centro Federal de Investigaciones, en la colonia Doctores.
- Por lo menos 1 de cada 10 de esas personas eran inocentes.
- Así lo revelan datos oficiales obtenidos por Animal Político vía transparencia, en los que se detalla cómo la mayor parte de arraigos se ordenaron en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón.
- Aunque también durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fueron arraigadas casi mil personas.
- Con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, en la segunda parte de 2016, el uso del arraigo cayó significativamente. Pero los expertos advierten que una reforma para eliminar dicha figura por completo se quedó congelada en 2018, y que hay iniciativas regresivas como la de ampliar la lista de delitos con prisión oficiosa. Lo anterior, señalan expertos, al igual que el arraigo busca parchar la incapacidad de las autoridades para investigar.
- “El arraigo fue una aberración que correspondió a un sistema penal arbitrario y apabullante que no estaba diseñado realmente para investigar, sino solo para perseguir supuestos delitos. Las 12 mil personas que fueron sometidas a esta medida son, hoy, un saldo vergonzoso”, dijo el abogado penalista experto en derechos humanos, Juan López Villanueva.
La directora de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez, dijo que tan solo en 2010 se ordenaron 1 mil 679 arraigos por crimen organizado, pero apenas hubo 148 condenas por ese tipo, lo que demuestra que no solo era un recurso que violaba derechos humanos, sino que además era ineficaz.
- El 12% de las personas que fueron arraigadas en los últimos años quedaron en libertad inmediata.
- Esto luego de arraigos que por ley debieron ser de 40 días, pero que en dos terceras partes de los casos superaron ese tiempo. A todo ellos se sumarían los que sí fueron procesados pero que, a la postre, también quedaron en libertad por falta de elementos.
Herencia vergonzosa y ¿riesgo de repetición?
El abogado especializado en el manejo de casos que vulneran derechos humanos, Juan López Villanueva, calificó al arraigo como una “aberración jurídica” y una “herencia vergonzosa” propia de un sistema penal que por muchas décadas privilegió el encarcelamiento de las personas antes que la investigación.
- “Como no sabíamos investigar pues se inventó el arraigo. Se sospechaba que eras tú el culpable de un delito pero sin pruebas. Era totalmente violatorio del principio de presunción de inocencia y del debido proceso”, dijo.
- Lisa Sánchez, directora de la organización México Unido contra la Delincuencia, dijo que en el año 2010, en el apogeo del uso del arraigo, el número de personas bajo esa medida por crimen organizado era 10 veces mayor que el de sentenciados por este delito, lo que evidenciaba el fracaso en esta figura en la investigación.
- “La medida se autorizaba bajo la lógica de que arrestar a la gente por periodos largos y sin necesidad de acusación formal permitiría investigar mejor, y ser más eficientes en las condenas. Pero la realidad demostró que no, que únicamente fue un régimen de excepción donde no aplican las garantías procesales más básicas, y eso no tiene impacto en el número de crímenes ni en la impartición de justicia”, dijo.
- Gabriel Regino, abogado penalista y exsecretario de Seguridad Pública, calificó al arraigo como una “condena anticipada” y, por ende, como un “absoluto exceso del poder punitivo”. Añadió que nunca hubo indemnizaciones para las personas que, a la postre, se demostró que no eran culpables de algún delito.
- Regino agregó que el arraigo dejó de aplicarse como tal a partir de la entrada en funcionamiento del nuevo sistema penal, aunque se mantiene como una medida cautelar que un juez de control puede aplicar.
- La abogada Ana Lorena Delgadillo, Directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, advirtió que en 2018 la Cámara de Diputados había aprobado una reforma para eliminar de facto la figura del arraigo en el nuevo sistema pero la misma “se quedó congelada”./ANIMAL POLITICO-PUNTOporPUNTO
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