Servir como testigos protegidos o reconocer las irregularidades cometidas en un medio de circulación nacional son dos de las atenuantes para quienes brindan o contratan servicios ilegales de outsourcing o se han involucrado en la constitución de empresas fachada para evadir impuestos, reveló Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación.
El funcionario participó en la presentación de un informe sobre acciones del gobierno federal en contra de la subcontratación abusiva y la defraudación fiscal, en Palacio Nacional.
- “La actividad ilícita consiste en constituir diversas empresas cuyo único objeto es no pagar las cuotas de seguridad social, del IMSS y del Infonavit y minimizar la carga tributaria o desaparecer cualquier relación laboral que pudiera haber. El delincuente organizado que da este servicio puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa, pero sobre todo condenado hasta a 20 años de prisión ,dijo./LA CRÓNICA
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