En agosto de 2013, 48 personas, entre ellas siete mujeres, acusaron ante la Procuraduría de Justicia de Guerrero a la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, de secuestro agravado, privación de la libertad y hasta de homicidio. Solamente una joven, Dulce Rubí Burgos, y un ex síndico de Olinalá, Armando Patrón, procesado por robo de ganado y asesinato, mantienen sus denuncias, pero no ante los tribunales, sino ante los medios de comunicación. A ambos les patrocina su defensa la directora de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Salgado está ahora enfrascada en una nueva batalla legal, defendiéndose ante el expediente reactivado. También libra otra batalla: la de la narrativa de su historia. Desde la casa de campaña de José Antonio Meade y desde las oficinas del ex fiscal guerrerense Iñaki Blanco (el mismo que tuvo que renunciar al cargo por la forma en que encaró la crisis de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa) se divulga la versión de una mujer desalmada, criminal./ LA JORNADA
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