Cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se unificaron este miércoles para responder al presidente de ese órgano, José Luis Vargas Valdez, que requerir previamente el sentido de sus votos es ilegal, anula el debate, desnaturaliza al tribunal y atenta contra su independencia y autonomía.
- En un escrito dirigido a Vargas Valdez, cuya copia obtuvo El Economista, los magistrados Felipe de la Mata Pizaña; Janine Otálora; Indalfer Infante; Reyes Rodríguez y Felipe Fuentes Barrera, dijeron: “rechazamos enérgicamente la petición que nos formula, para que enviemos al Secretario General de Acuerdos, antes del inicio de la sesión privada, el sentido de nuestros votos en cada uno de los asuntos listados para ser discutidos y resueltos en la sesión pública”.
Argumentaron que la petición, “carece de todo fundamento legal y atenta contra nuestra independencia y autonomía que, como juzgadoras y juzgadores, tenemos en lo individual y como integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado; independencia y autonomía garantizada en los artículos 94 y 99, en relación con el 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Expusieron que la pretensión, “puede inducir a incurrir en una responsabilidad, en tanto que se nos pide adelantar la emisión de nuestro voto antes de discutir los asuntos listados en la sesión pública de resolución”.
En un tercer argumento, los cinco magistrados coincidieron en que la petición de la Presidencia del Tribunal, a cargo de Vargas Valdez, pierde de vista que la deliberación es uno de los rasgos esenciales de un órgano jurisdiccional colegiado, como lo es esta Sala Superior. La petición de enviarle al Secretario General de Acuerdos el sentido de los votos, antes de la sesión pública de resolución, supone un intento de desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional, o bien, que la deliberación judicial resulta irrelevante o es innecesaria en un Tribunal Constitucional de cierre.
- “En ese sentido, la petición que nos ha sido formulada atenta contra la autonomía e independencia con la que nos encontramos revestidos como juzgadora y juzgadores, en razón de que se nos pretende delimitar la oportunidad de que, mediante la exposición y debate de los asuntos, se pueda reflexionar el sentido original de una posición respecto a un proyecto, lo que no es acorde a la finalidad de celebrar las sesiones pública de resolución de asuntos”, advirtieron.
- Mencionaron que “la advertencia” que hizo la Presidencia del Tribunal de suspender las sesiones de pleno cuantas veces sea necesario, en caso de no contar previamente con el sentido de los votos, “no solo denota que la secretaría a su cargo está abdicando de su responsabilidad que le asigna el artículo 20 del Reglamento Interno, sino que puede entorpecer el buen desarrollo de la sesión pública de resolución”.
“Por las razones anteriores, es que consideramos que no es atendible la solicitud que nos ha sido enviada, porque no cuenta con un sustento legal, anula por completo la posibilidad del debate y la deliberación de los asuntos que se presentan y con ello llegar a la resolución de las controversias conforme a los principios que nos rigen como juzgadora y juzgadoras, es por ello que la votación de los asuntos se debe llevar a cabo una vez que las propuestas de sentencia hayan sido expuestas y debatidas, sin que resulte válido remitir una votación previa”, concluyeron.
Tribunal, confirman la petición
Esta mañana, en un comunicado, el TEPJF confirmó que sí solicitó a los Magistrados proporcionar el sentido de su voto, previo a las sesiones de pleno. Sin embargo, argumentó que esto ya era requerido en las sesiones privadas previas.
- El órgano electoral jurisdiccional mencionó que es voluntario para los Magistrados proporcionar dicha información, y que el único propósito es dar “celeridad” a las sesiones.
El pasado martes por la noche se difundió una circular donde la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal requiere a los Magistrados el sentido de sus votos. Sin embargo, el Tribunal aclaró que en las sesiones previas de la Sala Superior, era práctica regular que las magistradas y los magistrados dieran a conocer el sentido de su votación en los asuntos que posteriormente se resolvían en las sesiones públicas.
- “Este paso previo, de práctica común y no implementado en la actual presidencia, permitía a la Secretaría General de Acuerdos organizar con antelación el conteo de los votos y conocer el sentido de los puntos resolutivos a los que, en términos de las disposiciones reglamentarias el Magistrado presidente debe dar lectura al término de la votación de cada asunto y con eso dar celeridad y claridad a las sesiones públicas, siempre bajo el entendido de que las magistradas y los magistrados podían cambiar su voto y emitirlo libremente en ese momento”, argumentó la presidencia del Tribunal a cargo del magistrado Vargas.
Confirmó que derivado del acuerdo del pasado 12 de mayo, para ya no realizar sesiones previas a la sesión pública, lo que impide contar con el sentido de la votación, la Secretaría General de Acuerdos -por instrucciones del Magistrado Presidente- hizo la solicitud de los votos previos con “carácter voluntaria y no obligatoria, para permitir que la sesión pública tenga continuidad”.
- “De no contar con dichos datos, se prevé realizar breves pausas a la sesión pública, con base en las disposiciones de ley y por instrucciones del Magistrado presidente, con el fin de permitir un conteo adecuado y claro de los votos y emitir la lectura de los puntos resolutivos y la declaratoria correspondiente, que deriven en la determinación adoptada por el pleno de la Sala Superior en cada asunto, y, en su caso, los engroses o returnos que correspondan”, dijo.
“Por tanto, es totalmente falso que se pretenda cancelar las sesiones públicas de no contar previamente con el sentido del voto de las magistradas y los magistrados; simplemente se tomará un poco más de tiempo conocer la sentencia final en cada uno de los asuntos, como siempre ha hecho el TEPJF, con transparencia, de cara a la ciudadanía, y en aras de garantizar la certeza de las votaciones del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral”, añadió.
Una historia de diferencias con Vargas
No es la primera vez que la mayoría de los magistrados tienen un diferendo con la actual presidencia del Tribunal Electoral. El pasado 22 de abril, los mismos magistrados acusaron a su presidente, José Luis Vargas, de retrasar la impartición de justicia en asuntos electorales pendientes, en específico sobre las entonces candidaturas por Morena de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán.
“Consideramos que la determinación de diferir las sesiones fue tomada unilateralmente, en contravención de las atribuciones del pleno de este órgano jurisdiccional federal en lo atinente a la definición de los asuntos por resolver y la fijación de la agenda jurisdiccional. Asimismo, estimamos que esta determinación afecta la impartición de justicia constitucional electoral encomendada a este tribunal, toda vez que implica el aplazamiento del análisis y resolución de asuntos relacionados, entre otros, con el registro de candidaturas, en el entendido que las campañas electorales iniciaron el pasado 3 de abril”, sostuvieron en aquella fecha mediante una carta los magistrados Janine Otálora Malassis; Reyes Rodríguez Mondragón; Felipe de la Mata Pizaña; Felipe Alfredo Fuentes e Indalfer Infante Gonzales.
- En la sesión de pleno del Tribunal del pasado 27 de abril, donde se discutieron los registros de las candidaturas mencionadas, esa mayoría de magistrados se impuso a los votos de sus compañeros, José Luis Vargas y Mónica Soto.
Aquella fecha, la mayoría de los magistrados determinó rechazar el proyecto elaborado por la magistrada Mónica Soto, mismo que proponía dejar sin efecto la cancelación -por parte del INE- de la candidatura de Raúl Morón por Morena al gobierno de Michoacán.
En tanto, también por mayoría, los magistrados avalaron el proyecto elaborado por el magistrado Indalfer Infante, que confirmó la cancelación del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero por no haber presentado sus reportes de ingresos y gastos de precampaña./EL ECONOMISTA-PUNTOPORPUNTO
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