Las reformas para regresar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) las facultades para supervisar la contratación de bienes y servicios del sector público puede tener aspectos positivos, aunque las y los diputados le añadieron nuevas facultades que podrían significar riesgos, señalaron expertos.
Este miércoles, como parte de una iniciativa proveniente del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pleno de la Cámara de Diputados avaló transferir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Función Pública la política de contrataciones públicas.
Además, deberán hacerse cargo de la coordinación y conducción de las Unidades Administrativas y de Finanzas de las dependencias, así como el rediseño del funcionamiento de los Órganos Internos de Control.
Se precisa que la Secretaría de la Función Pública fungirá como área consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios del Estados, con excepción de las contrataciones que se le atribuyen a otras dependencias o entidades paraestatales.
Cabe señalar que lo anterior revierte los cambios realizados en 2018 por la actual administración, la cual había transferido dicha tarea a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El documento fue avalado en lo general y en lo particular por 260 votos a favor, 215 en contra y dos abstenciones. Se turnó al Senado para su eventual discusión.
Nuevas atribuciones
Fernanda Avendaño, coordinadora de Administración Pública del IMCO, indicó que más allá de regresarle la facultad de realizar las contrataciones públicas a la SFP, las recientes reformas le otorgan nuevas atribuciones, lo cual, dijo, podría ser riesgoso o podría también impactar en las decisiones de los recursos públicos.
Y es que indicó que debido a que ahora las Unidades Administración y Finanzas también podrían depender directamente de la SFP, así como los Órganos Internos de Control, los que serán rediseñados al “mínimo indispensable”, existen dos principales riesgos:
“El primero es que si no existe una estricta separación entre contratar y llevar a cabo ciertos procesos de compra consolidado de material de equipo de oficina de suministros básicos, con respecto a la fiscalización de estos mismos recursos, pues se arriesga por completo la imparcialidad de las decisiones por parte de la Secretaría de la Función Pública”, dijo.
Mientras que otro de los riesgos se vierte en el buscar reducir al mínimo indispensable a los Órganos Internos de Control, ya que consideró que podría afectar tanto su operación como la carga de trabajo de los mismos.
“Entonces el rediseño y la reestructura siempre es bienvenido siempre y cuando esté acompañado de un plan para no aumentar las cargas de trabajo que de por sí ya son muy amplias en los Órganos Internos de Control y también que esto no afecte la imparcialidad y la capacidad de generar ciertos elementos de análisis, investigaciones o faltas administrativas en el caso de todas las dependencias de la Administración Pública Federal que controla la Secretaría de la Función Pública a través de estos órganos”, agregó.
Compras consolidadas
En tanto, Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, destacó que regresar estas facultades a la SFP, es un reconocimiento de que tanto Hacienda como Función Pública son jueces y parte. Sin embargo, en el caso de la SHCP se identificó que no fueron los mejores años para la contratación pública en el país, pues no se desaprovechó la figura de las compras consolidadas, además de que durante su encargo en la materia se presentaron las fallas en Compranet.
“Ahora el reto que va a tener la Secretaría de la Función Pública es la de dejar muy claro cuando está actuando como área de contratación, de administración y cuando está actuando como Órgano Interno de Control de la Administración Pública Federal”, sostuvo.
Y es que indicó que aunque por lo que describe la iniciativa están separadas ambas funciones, también es cierto que es difícil distinguir cuándo se cumplen esas dos tareas.
Sin embargo, pese a estas modificaciones, sostuvo que el hecho de que regresen a la Función Pública, por lo menos el tema de las contrataciones, es un acierto, y deja claro que “el experimento de los últimos cinco años no funcionó”.
Estarán hasta 2027
Designan a cinco nuevos titulares de Órganos de Control
El pleno de la Cámara de Diputados eligió a los nuevos titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de la FGR, Inegi, IFT, Inai y la CNDH, quienes estarán en el cargo hasta abril de 2027, luego de que sus nombramientos fueron aprobados por mayoría calificada tomaron protesta este mismo miércoles.
Por lo anterior, las y los diputados eligieron como titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República (FGR), a Arturo Serrano Meneses. Mientras que Manuel Rodríguez Murillo encabezará el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
- Por otro lado, se ratificó a Perla Lizeth Torres López para ocupar el Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Para la titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), se eligió a Alma Patricia Sam Carbajal.
Y finalmente, se ratificó a Olivia Rojo Martínez, para estar a la cabeza del Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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