Como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong incumplió con el buen manejo de las campañas de publicidad oficial del Gobierno federal, lo que ocasionó un posible daño al erario federal por 2 mil 826 millones 040 mil 517 pesos, principalmente por incrementos en ese presupuesto sin justificación alguna.
- Esta mala gobernanza provocó que ese año se pagara a medios 7 mil 298 millones 345 mil pesos extras a lo que ya estaba establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2017.
- Esta información, incluida en la tercera entrega de la Cuenta Pública de 2017 elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), expone las fallas en las que recayó la Segob: entes del Gobierno federal que no tenían presupuesto para gastar en publicidad se acercaron a Gobernación y ésta les aceptó el dinero aunque significara más de 2 mil millones de pesos extras.
- Sobre la transparencia, la ASF agregó que encontró diferencias entre el presupuesto autorizado y el erogado y que se difundió información parcial de los gastos.
- Algunas dependencias pidieron más dinero para publicidad a la Segob argumentando que era “para atender situaciones de carácter contingente” y se les aprobó sin saber ni valorar lo que quería decir eso.
- Se encontraron discrepancias en el registro de gastos oficial, que está a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que falló al no verificar lo reportado y, por otro lado, la Secretaría de Gobernación no supervisó los registros.
- A pesar del sobrejercicio en el gasto de publicidad de cada año, algunas dependencias pagaron deudas de publicidad de años anteriores y la pagaron con dinero del PEF de 2017.
Además, la dependencia federal no informó a la Cámara de Diputados las modificaciones al alza al presupuesto tal como lo establece la Ley. También se encontraron pagos para la producción de comerciales que luego fueron cancelados.
- Uno de los puntos claves de la Auditoría a la Segob es que concluye que el titular, en ese entonces Osorio Chong, se deslindó mediante un decreto de la supervisión de las campañas de publicidad oficial y de la publicidad.
- El 30 de octubre de 2018, la Segob informó a la ASF en un oficio que “la documentación y acciones emprendidas con objeto de regular, conducir y formular la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal”, se encontraban referidas en el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”.
- Ahí se entregaron a la Dirección General de Normatividad de Comunicación (DGNC) las facultades para autorizar, coordinar, supervisar y evaluar las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades.
- “Es importante considerar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 fracción XXXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es obligación de la Secretaría de Gobernación, formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal, tres verbos rectores que se desprenden como acciones que debió cumplir dicha Secretaría por medio de su Titular, aunado a que lo relacionado con conducir la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal es una facultad indelegable”, cita la ASF.
- Esta entrega de responsabilidades se hizo a pesar de que la Segob tiene una estructura organizacional para atender esas obligaciones. “Se presume que el Titular de la Segob incumplió la facultad indelegable de conducir la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal al delegarla mediante un Acuerdo, a la DGNC”, agrega la ASF.
En la conclusión general de la revisión se dicta la responsabilidad a Osorio Chong, quien hoy es Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La ASF sostiene que al ser insuficiente la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, los diferentes entes públicos que contaban con recursos autorizados para realizar la difusión de los mensajes “actuaron de manera discrecional, resultando imposible determinar los resultados con base en indicadores que permitieran medir el grado de cumplimiento de metas y objetivos”.
- En 2017, un 73.9 por ciento de los entes públicos revisados atendieron la obligación de transparentar el uso de tiempos oficiales, y un 73.9 por ciento no cumplió con su obligación de dar a conocer su programa anual de Comunicación Social o equivalente.
- Un 65.2 por ciento, los entes públicos no señalaron la forma en que se erogó sus recursos en la materia de comunicación social y publicidad durante el ejercicio 2017.
Lo que se hizo mal en publicidad
De acuerdo con la “Auditoría Autorizaciones de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la Administración Pública Federal”, en la Cuenta Pública de 2017 se identificó que Gobernación autorizó 6 mil 591 millones 927 mil pesos por concepto de incrementos de recursos a los Programas Anuales de Comunicación Social o Publicidad, en la partida “3600 Servicios de comunicación social y publicidad” a varias dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Sin embargo, en el Sistema de Comunicación Social al cierre del ejercicio se conoció que autorizó 7 mil 036 millones 089 mil pesos en incrementos./SIN EMBARGO-PUNTOporPUNTO