En el país se tienen detectados 4.6 millones de trabajadores que son subcontratados; incluso hay datos oficiales que señalan que 4.1 millones son trabajadores que están contratados por otra razón social, práctica que se conoce como insourcing, y que tendrá que modificarse en caso de que apruebe la reforma a la Ley Federal del Trabajo que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.
- Así lo advirtió Germán de la Garza de Vecchi de la firma Mowat-Deloitte Legal, y detalló 70% de las organizaciones han utilizado este mecanismos para administrar a su personal, mecanismos que si bien no está regulado de manera precisa en la Ley Federal del Trabajo, tampoco es ilegal.
Añadió que, además de seguir la ruta legislativa para que se discuta ampliamente la iniciativa de reforma, el gobierno federal tendrá que abordar como tema de fondo la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) dado que el comportamiento de la economía ha cambiado mucho en las últimas décadas y esta prestación impacta de manera importante a los corporativos.
Comentó que el PTU está vigente en países como: Chile, Perú, Venezuela y Brasil y Panamá; pero cada uno con características distintas, por lo que es momento de que en México se retomen las discusiones sobre el porcentaje que se debe mantener, actualmente es de 10 por ciento.
- Cabe resaltar que la reforma propone modificar el artículo 13 en donde se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporciona o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
- En esta misma línea, Jorge Sales Boyoli, especialista laboral afirmó que “el gran ausente en la iniciativa de reforma es el nuevo esquema de Reparto de Utilidades (PTU) vinculado a la productividad”.
Agregó que la iniciativa prohíbe expresamente la subcontratación. Sin embargo, admite y reconoce como legal la intermediación laboral: prestación de servicios o ejecución de obras especializadas, por ejemplo, vigilancia, mantenimiento, limpieza.
Explicó que las sanciones previstas por utilizar la subcontratación se encuentran especialmente en la parte fiscal, al no poder deducir o acreditar los impuestos que resulten por el uso de la subcontratación.
Adicionalmente, se prevén multas en la Ley Federal del Trabajo para los empleadores, desde 173,000 hasta 4 millones de pesos. La legislación penal y fiscal vigentes ya prevén delitos en la materia por simular o subcontratar (prisión preventiva oficiosa y penas agravadas)./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
