El próximo domingo, 3 mil 422 candidatos iniciarán sus campañas en la primera elección judicial del país, con el objetivo de ganar un lugar como ministro, magistrado o juez.
- Las campañas principalmente se realizarán en las redes sociales con mensajes orgánicos y no pagados, debido a las restricciones de gastos, por lo que las candidaturas con más seguidores serán las de mayor visibilidad.
- A su vez, los candidatos tendrán que gastar de su dinero, entre 220 mil y hasta 1.4 millones de pesos, por lo que quedarán rezagados quienes no tengan recursos para invertir.
Dorita Montenegro, exletrada del Tribunal Constitucional y electa por voto popular en Bolivia, señaló que en esta campaña los candidatos que respeten las reglas tan estrictas y sean honestos podrían no tener oportunidad de triunfo, frente a los aspirantes que busquen cómo darle vuelta a la ley para tener mayor visibilidad.
La experta manifestó que «ante las limitaciones normativas para acceder a fuentes de financiamiento, el candidato judicial debe superar las mismas, utilizando los medios de comunicación teniendo cuidado de no infringir las reglas».
Restricciones
Explicó que los aspirantes deben «diseñar su estrategia considerando a qué electorado quieren llegar, a partir de allí elaborar su narrativa con su oferta electoral, sólo para ese electorado, prescindiendo de otros que estén más alejados de su radio territorial de campaña».
- Ante las restricciones, en las que deben pagar con su propio dinero las campañas y no aceptar aportaciones, en efectivos o privados, de cualquier fuente, Montenegro aseveró que «la propia norma, lleva inserta su infracción, dado que los candidatos buscarán la forma de sobrepasarla. Los que busquen los artificios para hacerlo, tendrán más ventajas que los que traten de sujetarse a ella, lo cual, privará a los electores de elegir de mejor forma. Bajo esta lógica, es posible que los candidatos más honestos no sean elegidos, precisamente porque tienen como objetivo servir al país con honestidad».
Uno de los retos para el INE será que deberá activar la fiscalización en tiempo real de las 3 mil 342 candidaturas, para verificar que no reciben recursos públicos, ni privados y tampoco participen en eventos de partidos o gasten en propaganda diferente a papel reciclable.
Lo anterior significa, que el órgano deberá vigilar y fiscalizar más candidatos que en la elección federal pasada, cuando fueron mil 338 aspirantes federales.
Sin propaganda
El Instituto desplegará un ejército de auditores y, en caso de que hallen propaganda en vía pública o de cualquier tipo, así como eventos con beneficio para las candidaturas, las erogaciones se sumarán a sus gastos de campaña.
- Los candidatos deben avisar a la autoridad electoral su agenda de actividades y eventos, con cinco días de anticipación, así como, de ser el caso, su cancelación.
- Otra de las prohibiciones es que no se pueden realizar actos conjuntos o masivos entre varias candidaturas ni regalar propaganda de ningún tipo, excepto la impresa en papel reciclable.
Lo que sí pueden hacer es asistir a plazas públicas y convocar al voto, sin que haya ningún tipo de gasto para que acudan personas, así como recorrer sus distritos, circunscripciones o el país, con las restricciones de gasto de 220 mil pesos para jueces; 413 mil, magistrados de circuito; 881 mil magistrados de las Salas Regionales del TEPJF, así como 1.4 millones de pesos que tienen permitido gastar los aspirantes a ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina y de la Sala Superior del Tribunal Electoral./Agencias-PUNTOporPUNTO
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