El Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió la primera suspensión definitiva en contra del acuerdo por el que se instruye a las dependencias que las obras del gobierno de México sean consideradas como asuntos de seguridad nacional.
- En un comunicado enviado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, A.C. (CNLE), la organización celebró que el juzgado haya frenado el llamado “decretazo” con el que se prohibía a la ciudadanía acceder a información de las obras realizadas por el gobierno mexicano.
Esta suspensión se suma a la resolución que ya había otorgado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) en diciembre del año pasado.
- Dentro de la suspensión, el Juez de Distrito aseguró que “al considerar como de seguridad nacional los proyectos y obras del Gobierno Federal, se traduce en una limitación en el acceso a la información vinculada con esas obras y proyectos”.
- En noviembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo por el que se declaró la realización de proyectos y obras del Gobierno como asuntos de interés público y seguridad nacional.
- Las facultades del decreto no terminan ahí: también instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que otorguen la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar dichos proyectos.
Tras la publicación, López Obrador negó que este acuerdo fuera un obstáculo a la transparencia.
“Esto no tiene nada que ver con la transparencia, las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas”, expresó en su mañanera del 23 de noviembre pasado.
- El acuerdo fue criticado por distintos actores, entre ellos la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que señaló que el ‘decretazo’ implicaba posibles riesgos en materia de competencia y libre concurrencia.
De manera específica, el organismo indicó que el acuerdo otorga un trato preferencial a los proyectos impulsados por el Gobierno Federal, por lo que existiría un trato asimétrico y preferente entre proyectos públicos y privados./EL FINANCIERO-PUNTOporPUNTO
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