Por unanimidad, el Consejo General del INE aprobó los criterios para que los partidos políticos se vean obligados a garantizar la paridad de género en las elecciones a gubernaturas del próximo año, ello al postular, al menos, cinco mujeres en alguno de estos nueve procesos electorales estatales.
- En sesión extraordinaria, y con un nuevo acuerdo, las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron el proyecto -rechazado la semana pasada por confusiones en el procedimiento de votación-, para que los partidos políticos postulen a cinco mujeres y cuatro hombres en las entidades donde se elegirán gubernaturas en el Proceso Electoral Local 2023-2024: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
“Los partidos políticos nacionales definirán en qué entidades habrán de postular candidaturas de mujeres y hombres cuidando la competitividad, y postular al menos cinco mujeres en las nueve entidades, donde se eligen gubernaturas y la jefatura de gobierno».
“Asimismo, informarán al INE a más tardar un día antes del inicio de las precampañas, conforme a las fechas específicas en el acuerdo”, recordó la consejera Norma Irene De la Cruz Magaña durante la discusión del nuevo proyecto.
- Cabe señalar que el acuerdo también mandata a los partidos políticos para que respeten el principio de alternancia de género que hubieran postulado en la última elección para la gubernatura y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
- Con lo anterior se busca cumplir con lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en materia de paridad de género en todos los niveles de gobierno.
Sobre esto último, y ante la negativa por parte de los representantes de los partidos políticos, la consejera Carla Humphrey Jordan argumentó que el INE sí cuenta con facultades para la emisión de criterios en materia de paridad de género, ya que, dijo, la mayoría de las entidades federativas no han cumplido con el mandato del TEPJF de emitir reglas para la paridad en gubernaturas, tampoco lo ha hecho el Congreso de la Unión; y por tanto, hay un vacío legislativo en seis entidades federativas.
Asimismo, la Consejera Humphrey Jordan instó a que este análisis se eleve a nivel de la presidencia de la República, ya que la sentencia el Tribunal Electoral marca el cumplimiento del principio de paridad total, que establece que éste es aplicable y de cumplimiento inmediato en todos los niveles de gobierno, en todos los poderes del estado, “incluso, yo sometí a discusión de Comisiones Unidas que debiera también elevarse y discutirse el tema del Poder Ejecutivo de la Unión como un poder del estado, el que también es aplicable el principio de paridad establecido en nuestra Constitución”, subrayó.
- Y es que lamentó que los criterios de paridad deben ser a favor de las mujeres cuando se trata de números impares, como lo es en el caso de las nueve gubernaturas en juego del próximo años, ya que podría ser una “medida compensatoria respecto al rezago en este nivel de gobierno que tienen las mujeres, que desde 1979, año en el que la primera gobernadora tomó posesión del cargo en Colima, hasta el 2020 solamente habíamos tenido siete gobernadoras electas, dos interinas”.
- Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona, acusó que el nuevo proyecto “es una fabricación hecha fuera de las instancias formales”, y sostuvo que el INE no cuenta con las facultades para emitir estos lineamientos.
“En cuanto al fondo, yo quiero reiterar que se está tratando de hacer de esto, se ha logrado, de hecho, hacer de esto una discusión maniquea, donde quienes reclamamos el respeto a la Constitución y a la ley somos voceros del patriarcado anquilosado, y nos oponemos al crecimiento de las mujeres, lo cual es absolutamente falso”, argumentó.
Añadió que el Instituto Nacional Electoral debe respetar las normas, ceñirse a lo que las leyes le permiten hacer, y permitir que la regulación de la paridad de género en las gubernaturas, tal como dice la Constitución, tal como dictan las sentencias relativas, se recaiga en los partidos políticos y en los congresos locales.
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