Más de 870 millones de pesos sumaron las multas que el Instituto Nacional Electoral impuso a los partidos políticos por las faltas que encontró al fiscalizar sus ingresos y gastos durante las elecciones.
El monto, en apariencia alto, oculta decisiones que una mayoría de ocho consejeros tomó a favor de una fiscalización que, en sus efectos, opera en contra de su propósito. De hecho, la cifra palidece frente a la suma de las multas que el Instituto hubiera impuesto de haber sancionado las faltas debidamente: cuando menos dos mil millones.
- Investigar y sancionar el uso de los recursos hace a los partidos políticos responsables por faltas cometidas, desalienta a que repitan las mismas en el futuro y ayuda al Instituto a vigilar adecuadamente el cumplimiento de los topes de gastos de campaña.
- Investigar y sancionar deficientemente, por el contrario, debilita la rendición de cuentas de los partidos y candidatos, incentivando violaciones a la ley en las próximas elecciones. Esto, precisamente, hizo el Instituto: investigó mal y, ante sanciones que serían significativamente más altas, abarató las multas. Por eso lo voté en contra.
¿Qué pasó?
UNO. La mayoría del Consejo General decidió valorar los gastos que los partidos y candidatos no reportaron a un costo por debajo de lo que sus propias reglas exigen.
- La norma era clara: cuando un partido no reporta un bien que adquirió o un servicio que utilizó durante las elecciones, el Instituto determina su valor usando el precio más alto reportado para ese mismo bien o servicio por alguno de los contendientes en el proceso electoral.
- Sin embargo, en este proceso de fiscalización, el Consejo decidió no tomar el precio más alto de todos los reportados, sino el más alto de los más frecuentes. Esta diferencia, sutil sólo en apariencia, aligeró los costos de los gastos no reportados e impidió conocer con precisión los montos reales que cada contendiente gastó en su campaña.
DOS. El Instituto redujo, sin razón alguna, sus criterios para sancionar las omisiones detectadas en los reportes de gastos.
- Desde hace años, el INE ha seguido los mismos criterios, avalados por el Tribunal Electoral, para sancionar las faltas de fiscalización. Por ejemplo, un gasto no reportado se multaba con el 150 por ciento del precio más alto reportado por otros; y no comprobar un gasto reportado, con 100 por ciento del valor original.
- Las sanciones aprobadas, sin motivo ni fundamento, devaluaron estas faltas. Ahora, por cada peso que un partido no reportó solo se le sancionó con el mismo peso (reduciendo la multa de 150 a 100 por ciento) y si no lo comprobó, con solo cincuenta centavos (disminuyendo de 100 a 50 por ciento).
TRES. La mayoría de los consejeros disminuyó las multas por reportar tarde los eventos de campaña al punto de hacerlas simbólicas, incluso a pesar de que reportes tardíos aletargaron un proceso de fiscalización complejo y por sí atareado.
Rastrear el dinero que utilizan los partidos es un ejercicio de tiempo real según la Constitución. Esto requiere que aquellos reporten sus operaciones oportunamente y que notifiquen sus eventos al Instituto con suficiente anterioridad. Omitir un evento, sin embargo, fue una falta que el Consejo decidió multar diez veces más barato a lo que solía.
Además, se avaló un modelo en que los partidos pueden reportar sus operaciones tardíamente, en detrimento del tiempo con que la autoridad cuenta para revisar (reduciendo a 10 días un proceso que debió llevarse a cabo en 100).
Es un despropósito que el Instituto cuente con una Unidad Técnica conformada por servidores públicos competentes, comprometidos y profesionales, que trabajaron arduamente, si esa capacidad la coartan los y las consejeras con criterios infundados.
Es incoherente también que el INE tome decisiones que escuden a los partidos frente a las exigencias de transparencia en el uso del dinero público, más aun cuando el uso adecuado y racional de los recursos está en el centro del debate.
- Si el proceso electoral de 2018 fue el más grande de nuestra historia, era apenas una justa expectativa que en el INE, a la altura del contexto, realizáramos el ejercicio de fiscalización más riguroso hasta ahora. Mil millones de pesos perdonados evidencian que esa fiscalización, no fue./ CON INFORMACIÓN DE REVISTA FONDO Y FORMA
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