La pérdida del conocimiento concentrado en los extintos órganos autónomos es el costo de una reestructuración del Estado mexicano en el que su personal de expertos ya no tiene cabida.
Así lo advierte Mario Luis Fuentes, exdirector del IMSS, DIF y fundador de México Social, al sostener que en el país se experimenta un profundo cambio en el perfil de los integrantes de su burocracia.
- Con una situación laboral ahora incierta, los más de 4 mil especialistas que irán saliendo de la nómina de la administración pública en los próximos meses aún esperan noticias de su futuro inmediato.
- Hipólito Romero Reséndez, maestro en Administración Pública, con especialidad en Derecho del Trabajo, advierte sin embargo que los empleados de los desaparecidos autónomos están ahora “en el limbo laboral”.
Exdirector de lo Contencioso en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el también académico asegura que, aun cuando la experiencia indica que la legislación vigente complica la situación de estos trabajadores, el gobierno está obligado a cumplir con los convenios internacionales del trabajo digno y decente; esto, explica, significa una indemnización decorosa.
Se irán
Inai dejará de recibir recursos de la Secretaría de Hacienda en abril, Cofece en julio e IFT en agosto, CRE y CNH fueron presupuestadas para el resto del año, y se espera que Coneval y Mejoredu sigan operando en el primer semestre.
- Sus empleados son profesionistas en rendición de cuentas, prácticas antimonopólicas, acceso a las telecomunicaciones, regulación del sector energético, cumplimiento de derechos sociales y mejora educativa que, según la reforma de simplificación orgánica, serán respetados en sus derechos.
- Si bien en términos de la Constitución, estos organismos ya no existen, está pendiente definir la transición de las funciones institucionales, el destino que tendrán, así como los términos en que serán respetados los derechos de sus empleados: mil 300 del IFT; 756 del Inai, 550 de Mejoredu, 480 de Cofece, 541 de CRE, 355 de CNH y 179 del Coneval.
Al aprobarse la reforma constitucional, diputados de Morena ofrecieron que esas precisiones quedarían trazadas en las leyes secundarias que el Congreso elaborará entre febrero y abril próximos.
Por lo pronto, sin definiciones de sus correspondientes transiciones, los 4 mil 161 cuadros expertos en los que el Estado mexicano invirtió recursos diversos en los últimos 20 años afrontan la incertidumbre.
Aunque la mayoría espera una eventual reubicación en las secretarias o instancias que absorberán las tareas que hasta ahora hicieron dichos organismos, en algunos casos ya han recibido negativas de funcionarios gubernamentales, al tiempo que se desconoce de dónde saldrán los fondos para eventuales indemnizaciones y en qué términos ocurrirían.
- Los argumentos de los comisionados, consejeros y funcionarios de cada uno de los autónomos para defender la vigencia de los equipos de trabajo son diversos: desde la importancia que la expertés de la gente de Cofece e IFT tendrá en el seguimiento prácticas monopólicas o el cumplimiento del TMEC hasta el bajo costo que ese personal tiene en comparación con sus aportaciones.
- En el caso del Coneval, sus consejeros señalan que evaluar un millón de pesos de política social cuesta 90 pesos.
En la defensa de Mejoredu, con autoridades afines al gobierno, se plantea que sus cuadros “no son de corte neoliberal” y que la mayoría, procedente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) tuvieron la capacidad de transitar de la visión cuantitativa a la cualitativa del seguimiento de resultados.
Se trata de profesionistas con posgrados, que ingresaron a sus plazas por la vía del concurso, después de aprobar exámenes de distintos conocimientos, con certificaciones técnicas que los equiparan a la calidad de sus pares en otras naciones, bilingües y con manejo especializado de datos y procesos.
Una nueva burocracia
Pero todo esto ya no importa ni cuenta, concluye en entrevista el destacado experto en políticas públicas Mario Luis Fuentes, para quien la extinción de los organismos autónomos y de sus cuadros especializados es parte de una nueva noción de la división de poderes.
“Estamos viendo la construcción de una estructura presidencial, como la que se vivió de alguna manera antes de los 90; estamos viendo la alineación de todas estas estructuras que se habían construido para evitar que el Ejecutivo tuviera todo el poder y el control sin ningún elemento para rendir cuentas”, explica.
“El 2024 es resultado de un esfuerzo del presidente Andrés Manuel López Obrador de concentrar todo el poder democrático posible para darle todo el ejercicio al presidencialismo, una idea política del poder en el que nuevamente surge el presidencialismo como la única fuerza legítima para ordenar, gobernar, administrar el poder y esto implica una profunda reforma del poder que lleva a eliminar los autónomos”.
- Detalla que las funciones que antes la Constitución le asignó al Inai, Cofece, Coneval serán absorbidas por el gobierno central sin compartirlas con ningún otro ente. “Y lo que está detrás de esta transformación es una idea de República que sólo tienen un centro que es el Ejecutivo; no hay orillas; es un centro que domina nóminas, servicios de salud, de educación y todas las fuerzas que puedan contener la violencia: fuerzas federales y armadas”.
- Lo anterior, enfatiza Mario Luis Fuentes, se traduce en un recambio en el servicio civil, en la burocracia. “Hay también una nueva generación de servidores públicos, como lo son los Servidores de la Nación, con perfiles muy afines a la idea de lo que llamamos, la Cuarta Transformación y que no tienen como prerrequisito los elementos que se habían generado en las últimas décadas del siglo XX como lo era una gran capacidad técnica; ese requisito es prescindible.
“Lo que se requiere es una nueva generación de perfiles jóvenes sin experiencia técnica, pero con una filia registrada, legitimada, reconocida; por eso vemos ahora la conformación de una nueva burocracia, los cuadros medios, antiguos con ciertos requisitos están siendo, digamos, reubicados en el mejor de los casos o simplemente se han salido de la administración pública”, describe el exfuncionario federal.
Despido sin gloria
Cuestionado respecto a si hubo en la historia del país una experiencia similar de salida masiva de cuadros profesionales de la administración pública, Fuentes responde que ninguno porque siempre hubo un reconocimiento de lo existente. Se daba, define, un recambio que permitía que los cuadros altamente calificados se ubicaran en otras funciones.
“Ahorita sí hay un corte enorme; salen varias generaciones de servidores públicos muy especializados, capacitados, sí, pero que ya no son considerados relevantes, porque hoy existe otro código en el que se entiende otra cosa por evaluación, por planeación y por rendición de cuentas.
“Hay una transformación profunda que tiene un costo, todo este personal o estas personas que tenían una enorme experiencia técnica y que no son necesarios para esta nueva idea de Estado, idea de poder, no tienen cabida en la nueva idea de República, de Estado y de Gobierno y que tendrán que pues transitar al mundo de lo privado”, explica.
- Fuentes prevé litigios laborales con escasos márgenes de éxito porque históricamente han sido escasos los márgenes para una justa reparación, con el agravante de que se darán en el contexto de un sistema judicial también renovado.
“Hablamos de 4 mil jefes, jefas de familia, que van a tener que buscar otros ámbitos, en un momento de restricciones y con riesgo a la precarización”, alerta.
Afrontarán, pronostica Fuentes, lamentablemente la ruptura de un proyecto de vida, enorme incertidumbre, vulnerabilidad sobre su seguridad social y el sostenimiento de los hijos, de su educación, pues emprenderán “una reestructuración completa, marcada ansiedad, angustia”, particularmente si tienen más de 40 años, una edad en la que resulta más compleja la reconversión laboral.
Una reforma sin garantías
Bajo el lema de que estos más de 4 mil trabajadores no pueden perder la esperanza de que serán respetados en sus derechos, pero desde ya deben prepararse para lo peor, el experto en litigio estratégico Hipólito Romero sostiene que “la responsabilidad laboral del gobierno para con sus trabajadores no puede soslayarse, porque implicaría la falta del reconocimiento al trabajo digno o decente que México en términos generales tiene suscritos”.
- Pero de entrada sostiene que el decreto de la reforma de simplificación orgánica del 20 de diciembre “desafortunadamente coloca en una situación de limbo jurídico a los diferentes organismos del Estado”.
- Detalla que el gran problema de sus más de 4 mil exempleados es que la responsabilidad del Estado con relación a regímenes específicos de servicio profesional ha sido letra muerta.
- Alerta Romero que en el decreto se prevé la posibilidad de que las funciones se reabsorben, pero no habla de las personas. “Tenemos una gran falla por lo que hace al gran débito que tiene el gobierno en general en sus tres niveles federales, estatal y municipal con relación a lo que es el reconocimiento del trabajo digno o decente que está regulado”.
El académico del INAP, UNAM y Anáhuac del Sur explica que ese principio y el de la libertad sindical no han permeado en el servicio público.
Y si bien el séptimo transitorio del Decreto detalla que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad en términos de la legislación aplicable, y que los recursos humanos con que cuenten los entes públicos que se extinguen pasarán a formar parte de aquellos que asuman las atribuciones “cuando corresponda”, esa sutil aclaración implica, en opinión del conductor del programa en streaming #MundoLaboralMX, que el salvavidas legislativo tiene serios problemas para su instrumentación.
Precisa que varios de esos organismos nacen como descentralizados, por lo que sus trabajadores se consideran de confianza, y para ellos la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado sólo reconoce la protección al salario y los beneficios de la seguridad social, pero no el derecho a la indemnización.
Otro agravante es que el régimen de separación de la mayoría de los organismos no contempló ese beneficio.
Una alternativa
Ante esas limitaciones, Romero Reséndez plantea construir una salida tomando lo que la propia ley burocrática contempla “como suplencia normativa”, es decir, que ante aquello que no contemple la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, se aplique la Ley Federal del Trabajo y cita el artículo 439 que señala que los derechos de los trabajadores son progresivos y no pueden ir para atrás.
- La ruta que el experto visualiza debería desahogarse ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que depende de la Segob.
- Asume que los afectados deberían recurrir al Artículo 11 de la Ley de los trabajadores del Estado en el que se indica que ante lo no previsto en ésta se aplique la federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes de orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.
Y aunque como estudioso del tema sostiene que los antecedentes históricos muestran “que es muy difícil sacarle dinero al gobierno” ante reclamos de sus exempleados o proveedores, y en el caso de los autónomos ha prevalecido una especie de cacería de brujas, Romero confía en que más allá del revanchismo político se debe defender el respecto al trabajo digno y decente.
Señala que existe una tesis aislada de la Suprema Corte, de 2019, respecto a trabajadores del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal señalando que tienen derecho a recibir indemnización ante la supresión de sus plazos, alegando que la falta de regulación de éstos no implica ausencia de responsabilidad del Estado para pagarla.
Para el especialista, además debe aplicarse el principio dubio pro operario que significa que, en caso de duda, la interpretación debe ser la más favorable al trabajador.
- Con esos instrumentos en mano, Romero propone que se impulse una negociación política de alto nivel, autorizada por los órganos de control interno, para otorgarles cuatro meses de la prima de antigüedad, de 20 días por año, a todos los trabajadores, que no puedan ser reubicados, estableciendo además programas de retiro voluntario.
“Si el gobierno quiere hacer algo diferente, este debe ser un tránsito lo más suave posible porque la pérdida de trabajo siempre rompe nuestra estabilidad y esta es la oportunidad de que el gobierno patrón trate bien a los de casa; se necesita un gesto de humanidad, respeto a los derechos humanos, y darles un puente de plata para su salida”, concluye el abogado y consultor./Agencias-PUNTOporPUNTO
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