La primera elección de jueces, ministros y magistrados que vivirá el país el próximo año ya se echó a andar y, en sus primeros tramos, la organización se dispone a avanzar, entrado el último mes del año, contra una suma de vacíos, dudas, pendientes y complicaciones que el principal ejecutor, el Instituto Nacional Electoral (INE), deberá resolver sobre la marcha.
- Consejeros coincidieron en que ahora que alistan los comicios surgen situaciones que se atenderán conforme avance el proceso, pues reafirmaron lo que habían advertido meses atrás: que persisten vacíos en las reformas que impulsó el Poder Legislativo.
El consejero Jaime Rivera recordó que la salida a esto la tiene el INE, el cual tiene la facultad de reglamentar, por lo que, desde luego, quedará como responsable de las soluciones que se implementen.
Entre los múltiples retos, uno de los que más ocupa a las consejerías es el marco geográfico de la elección, pues la distribución de circuitos judiciales —que es como se divide el funcionamiento del Poder Judicial— no empata con la distritación electoral habitual, donde los ciudadanos votan por sus gobernantes.
Aunque hasta ahora se han hecho estimaciones de cómo quedará la cartografía, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene hasta el último día de diciembre para enviar la cartografía definitiva con la que se determinará la distribución de casillas.
Mientras ese momento llega, al interior del órgano electoral se plantean diversas posibilidades, como la de no instalar casillas electorales, sino centros de votación, lo que significa que los votantes de más de una casilla deban trasladarse a un punto en común para emitir su sufragio por jueces, ministros y magistrados.
- El consejero afirmó que en la propuesta yace un riesgo que impacta al principio fundamental y que trabajarán en atender: que la ciudadanía ejerza su voto, pues el hecho de que las personas deban movilizarse a otros puntos y no a sus casillas habituales, en algunos casos implicará mayor tiempo, distancia e incluso gasto de traslado.
- Y es que esta situación se presenta principalmente en la elección de magistrados de circuito y juzgadores de distrito, pues hay siete casos en donde un circuito corresponde a más de una entidad federativa
Al respecto, el consejero Jorge Montaño, presidente de la comisión temporal para estos comicios judiciales, agregó que otros vacíos son para garantizar el derecho al voto de distintos sectores, como el de personas privadas de la libertad, por lo que planteó que haya grupos que queden descartados de participar.
No obstante, sostuvo que ahora que se ha entrado en el proceso electoral, las consejerías pondrán un “esfuerzo mayor” para sacar adelante los comicios y garantizar que la elección se lleve a cabo en sus máximos alcances.
Otras dudas que emergieron alrededor de este hecho son respecto al registro de aspirantes, pues hay casos donde se registraron doble o hasta triplemente ante los tres comités de evaluación, por lo que aún no es claro qué ocurrirá si se da el escenario donde una persona que se inscribió tres veces sale elegida, pese a los filtros de azar, como la tómbola, en más de un comité.
Todos estos trabajos deberán ser sorteados por el órgano electoral con vicisitudes encima: poco tiempo y un presupuesto acotado.
- Lo anterior, debido a que el pasado 26 de noviembre el Poder Legislativo respondió de manera negativa a la solicitud que el INE presentó, con el fin de que se le concediera una prórroga de 90 días que le permitiera reponer los dos meses de retraso que generaron las suspensiones judiciales que se otorgaron en contra de la reforma y que no prosperaron.
A esta especie de contrarreloj en el que el INE se encuentra, se suma la incertidumbre por no conocer con cuánto dinero contará para ejercer su labor.
A pesar de lo inédita que resulta esta elección, Morena y aliados en la Cámara de Diputados —como el ente exclusivamente facultado para la aprobación del presupuesto de cada año— perfilan reducir la cifra de 13 mil 205 millones de pesos para los comicios judiciales. Esta decisión está por concretarse apenas entre ésta y la próxima semana.
Y de esta situación, aún indefinida, derivan más dudas por resolver, ya que, de recibir únicamente nueve mil millones de pesos (la reducción más optimista enunciada hasta ahora por parte de los morenistas), el órgano deberá estudiar qué áreas asumirán el impacto.
De este presupuesto dependen múltiples definiciones, como los materiales que se ocuparán en las casillas, el resguardo del material y el pago a las personas que trabajarán en cada rincón del país para hacer posible esta elección./Agencias-PUNTOporPUNTO
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