El pleno de la Cámara de Diputados, alista para este 8 de Marzo, la discusión y votación fast track del dictamen para elevar a rango constitucional la “3 de 3 contra la violencia”, para que quienes tengan antecedentes, denuncias o sentencias, como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones género en el ámbito familiar, se les suspendan sus derechos y prerrogativas y no puedan aspirar a ninguna función pública, cargo de elección popular o responsabilidad en el ámbito Legislativo, Ejecutivo o Judicial.
- Tras horas de trabajo en la denominada “pijamada legislativa” las diputadas de todas las fuerzas parlamentarias que integran el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, lograron durante la madrugada de este miércoles los consensos para discutir y votar el dictamen (estancado desde 2020) en San Lázaro con la dispensa de todos los trámites.
El objetivo de la “3 de 3 contra la violencia” es prevenir la violencia institucional, elevar el nivel de ética pública y garantizar los derechos humanos de las mujeres. En su exposición de motivos, el dictamen establece que elevar a rango constitucional la “3 de 3” dará certeza a las víctimas sobre la no elegibilidad de sus agresores.
“Por lo tanto, elevar a rango constitucional la medida “3 de 3 contra la violencia”, y establecerla como un requisito para ser registrado como candidata o candidato de elección popular, o ser nombrado para cualquier empleo o comisión en el servicio público, otorgaría certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores, y representaría un avance significativo en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres” señala el proyecto.
- El dictamen que ya tiene el consenso de las siete fuerzas parlamentarias de Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y del PT establece reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución para establecer que “los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar prófugo de la justicia o por haber incurrido en tres tipos de conductas violentas contra las mujeres. Por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual; Por tener sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, o violencia política contra las mujeres en razón de género; Por tener sentencia firme como persona deudora alimentaria morosa”, señala el dictamen que se someterá a consideración del pleno esta tarde
La iniciativa “3 de 3”, por acuerdo se convirtió en un lineamiento para el proceso electoral 2021, con el objetivo de otorgar garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género.
Bajo ese criterio, los aspirantes a una candidatura firmaron un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde manifestaron no haber sido condenadas, o sancionadas mediante resolución firme por las siguientes conductas: violencia familiar o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal o como persona deudora alimentaria morosa.
Este mecanismo fue resultado de una petición firmada por legisladoras federales, locales, organizaciones feministas, activistas de derechos humanos, ciudadanas; con el propósito de otorgar mayores garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género.
- En su exposición de motivos, el dictamen que se alista para su discusión, señala que hasta hoy, esa herramienta no genera ningún efecto jurídico, ni genera ninguna obligación por parte de quien aspira a ser candidato, a mostrar la evidencia de no estar incumpliendo ninguno de los supuestos mencionados, por lo que elevarla a rango constitucional genera certeza a las mujeres de que sus violentadores no accedan a los cargos ya mencionados.
El llamado “Plan B” de la recién promulgada reforma electoral, permite que los violentadores de mujeres puedan acceder a cargos de función pública, sin embargo, con la aprobación de la reforma constitucional, esto quedaría sin efectos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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