La batalla de la presidenta Claudia Sheinbaum por erradicar la corrupción no será sencilla. Aunque creará la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y dejará al frente de la estrategia a Raquel Buenrostro, conocida como la “mujer de hierro”, México se encuentra estancado y entre los últimos lugares a nivel mundial en percepción de la corrupción.
Por si fuera poco, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se creó en 2016 como un mecanismo de coordinación entre autoridades locales y federales para combatir ese fenómeno y aumentar la transparencia, estuvo abandonado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción y que, si llega a haberlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción, porque nosotros tenemos un mandato popular que es erradicar la corrupción”, aseveró la presidenta el día 17 de su administración, cuando presentó el proyecto para transformar la Secretaría de la Función Pública en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
- El enfoque de la nueva administración, de acuerdo con Buenrostro, consiste en implementar una política más preventiva que correctiva, así como fortalecer la honestidad y la «integridad» de las dependencias, proyecto para el cual se requerirá de una reforma a la Ley Órganica de la Administración Pública.
- La transformación y el nuevo rol que tendrá la institución a cargo de Buenrostro ha generado preocupaciones porque la nueva dependencia será juez y parte: combatirá la corrupción al tiempo que tendrá la responsabilidad de garantizar el derecho a la información, que está consagrado en el artículo sexto de la Constitución.
“Estamos en riesgo de perder algo que habíamos ganado después de muchos años de opacidad este país, durante el gobierno de un solo partido y volver a aquellas épocas, es lamentable”, advierte Jacqueline Peschard, expresidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (hoy INAI) y también del primer Comité de Participación Ciudadana del SNA.
El gobierno de Sheinbaum también apuesta a ampliar las atribuciones de la Secretaría en la materia, que desde el gobierno de Miguel de la Madrid es de la Función Pública, pero que cambiará de nombre a partir del próximo año.
Para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, México ya cuenta con el SNA, pero éste lleva un sexenio en la inoperancia.
“Se abandonó el Sistema Nacional Anticorrupción”, sentencia Peschard.
Aunque en el discurso presidencial el combate a la corrupción estuvo presente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en los hechos fueron magros los resultados, de acuerdo con indicadores internacionales.
A nivel internacional, México ocupa la posición 126 de 180 países y es el peor evaluado de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 elaborado por Transparencia Internacional.
Cuando se estima en pesos el costo de la corrupción, también hubo retrocesos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental , realizada por el INEGI, el costo de incurrir en actos de corrupción se estimó en 11,910 millones de pesos en 2023, cifra 45% mayor a los 8,357 millones de pesos que se calcularon en 2021.
En riesgo también la transparencia
Una de las atribuciones que, por la reforma constitucional que desaparece los órganos autónomos, seguramente tendrá la secretaría a cargo de Buenrostro, será la transparencia, lo cual ha generado preocupaciones de mayor opacidad en el gobierno.
La funcionaria ha asegurado que, si desaparece el INAI, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será la garante del derecho a la información de los mexicanos.
- “En caso de aprobarse esta reforma, nosotros ya estamos trabajando en una propuesta de Ley General de Transparencia que garantice que esta secretaría pueda llevar a cabo todas estas funciones y, al mismo tiempo, que no sea juez y parte con el involucramiento de otros entes públicos como son los tribunales administrativos, y con eso iniciar una era de transparencia proactiva”, afirmó Buenrostro el pasado 17 de octubre.
- Al respecto, Jacqueline Peschard advierte incongruencias en la propuesta, entre ellas que no habrá independencia entre la titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y las tareas de transparencia y acceso a la información.
“La secretaria Buenrostro puede decir que van a tratar de no ser juez y parte, pero pues tienen que ser juez y parte porque así está estructurada, que es una dependencia del gobierno federal, que de hecho el nombramiento de su titular pues depende de la presidenta”, explica.
En el caso del IFAI y después del INAI, sus integrantes son elegidos por el Senado de la República. A ello se sumaría que la rendición de cuentas no sería para todos los que hoy son sujetos obligados.
“Vamos a tener una ley de transparencia debilitada, descafeinada, sin todas las obligaciones que tiene la actual ley de transparencia porque es una ley que obliga a todas las entidades públicas, no solamente al gobierno y todas las secretarías del gobierno federal, sino al Poder legislativo, a los organismos autónomos, a los fideicomisos, a los fondos, a los partidos políticos, a los sindicatos que reciben recursos públicos”, agrega Peschard.
- La organización Fundar aseguró que la eliminación del INAI representaría una “vulneración a los avances institucionales registrados en materia de transparencia y derecho de acceso a la información”, porque sin interferencias partidistas, ese instituto ha garantizado que la información pública sea accesible.
- José Luis Castañeda, catedrático de la Universidad Intercontinental, subraya que el INAI ha sido clave en la lucha contra la corrupción porque gracias a ese organismo, apunta el experto, se descubrieron varios asuntos relacionados con corrupción.
Algunos de esos casos fueron las toallas del expresidente Vicente Fox con un costo de 4,000 pesos; la llamada Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto, propiedad de un contratista de su gobierno; así como el uso del software Pegausus para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.
«Si la nueva secretaría asumirá sus funciones, al menos, debería tener dientes», agrega Castañeda, «para obligar a las autoridades a entregar la información que pida ciudadano y, de no hacerlo, imponer sanciones”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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