Hay tres razones principales del alto riesgo político para 2025: uno, la creciente concentración y centralización del poder político en manos del gobierno que puede fomentar la toma de acciones arbitrarias. Dos, un gobierno muy popular que privilegie lo inmediato y lo popularmente rentable por encima de lo necesario para detonar el desarrollo social y el crecimiento de mediano plazo. Y tres, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos que puede poner en riesgo el tratado comercial de América del Norte, generar una crisis migratoria y tensar las relaciones diplomáticas con México.
Lo anterior se desprende de un análisis realizado por la consultora Integralia en el cual destaca que la estrechez de las finanzas públicas podría dar lugar a una reforma fiscal en la segunda mitad de 2025 que, por razones políticas, afectaría el clima de inversiones y reduciría aún más la competitividad del país.
Estos son los diez riesgos políticos para 2025
- Se producen incertidumbre económica, disrupciones comerciales, tensiones diplomáticas y una intensificación de la crisis migratoria como resultado inmediato del regreso deDonald Trump a la Casa Blanca.
- Se profundiza un entorno de concentración de poder que afecta la certeza para el sector privado y el clima de negocios dada la falta de equilibrio político, la erosión de los contrapesos y la debilidad de la oposición.
- Se debilita el espíritu de integración económica de América del Norte y se pone en duda la continuidad de la estructura actual del T-MEC.
- Se detona un proceso gradual de indefensión jurídica para las empresas a causa de una desaseada implementación de la reforma judicial, así como por una gradual pero creciente parcialidad e incapacidad de las autoridades jurisdiccionales para resolver disputas de todo tipo.
- Se mantiene clima de incertidumbre por la aprobación de nuevas reformas de la agenda de Claudia Sheinbaum que toman poco en cuenta la opinión del sector empresarial y de otros actores afectados, y donde predominan los criterios políticos por encima de los técnicos o económicos, en temas laborales, medioambientales, administrativos, entre otros.
- Se proponen reformas electorales que merman las garantías para la competencia política libre, equitativa y justa, y que acotan la representación de los partidos de oposición.
- Se ponen en pausa proyectos de inversión en sectores clave como el energético y de telecomunicaciones, entre otros, como resultado de la incertidumbre generada por las reformas constitucionales aprobadas (principalmente de áreas y empresas estratégicas, judicial, y desaparición de órganos autónomos) y el impasse por la ejecución de sus leyes secundarias correspondientes).
- Aumentan enfrentamientos violentos como resultado de fracturas internas en grupos del crimen organizado y la implementación de una estrategia de captura de liderazgos, lo cual dificulta el traslado de bienes por carreteras y la operación de MiPyMes en algunas regiones del país con alta presencia criminal.
- El gobierno propone una (mala) reforma fiscal para aumentar la recaudación (ya sea de forma integral o por medio de ajustes sectoriales), como resultado de finanzas públicas limitadas y la necesidad de seguir financiando los proyectos y programas prioritarios del gobierno.
- Se degrada aún más la capacidad operativa y de planeación de los gobiernos locales para atender de forma eficaz problemas y necesidades locales (infraestructura y servicios básicos), como resultado de la corrupción, la escasez de recursos públicos, la falta de personal calificado y una creciente centralización del poder que los desincentiva de asumir esa responsabilidad./Agencias-PUNTOporPUNTO
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