Las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador están involucradas en una demanda que Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), entabló ante el Poder Judicial.
Ancira, quien fue detenido en España, acusa al titular del Ejecutivo de haber violado sus derechos por los señalamientos que ha hecho en su contra en las llamadas ‘mañaneras’, afirmó Raymundo Riva Palacio en su columna de este viernes en El Financiero.
¿De qué va esta denuncia?
- La demanda afirma que López Obrador violó los derechos de Ancira al transgredir 10 artículos constitucionales y uno más de la Convención Americana de Derechos Humanos.
- La demanda de amparo indirecto fue presentada el pasado miércoles en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, agrega el columnista.
- En el documento, el presidente de AHMSA indica que “ha sido sometido a una acusación y linchamiento continuados y públicos por parte de la autoridad responsable”, según Riva Palacio.
- Ancira enfatiza que las declaraciones hechas por el titular del Ejecutivo «implican un amedrentamiento a los Juzgadores nacionales» y «se menoscaba seriamente la posibilidad de que el principio de independencia judicial tenga operatividad y eficacia”.
- ¿A qué se refiere el empresario? Según el columnista, a un fallo que obtuvo el pasado 13 de agosto en contra de la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por considerar que los delitos que se le imputaban habían prescrito.
- La demanda subraya que, tras conocerse esa decisión, López Obrador empezó a referirse a Ancira como “como culpable de los hechos delictivos que se le imputan”, y a sugerir que el amparo que le dieron había sido obtenido de “manera irregular”.
- Estos señalamientos se registraron entre el 20 de agosto y al menos hasta el 4 de septiembre de este año, de acuerdo con el documento citado por el columnista.
- También se acusa que la forma en que López Obrador se expresa en sus conferencias matutinas altera el debido proceso, como quedó plasmado en la doctrina del ‘efecto corruptor’ que elaboró el actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en el caso Cassez.
- “Los actos que se reclaman son precisamente las manifestaciones públicas o declaraciones, hechas por el Presidente de la República, ostentando dicha investidura (y no la de un particular) en relación al proceso penal que enfrenta el quejoso. Estas manifestaciones son claramente lesivas de los derechos humanos y garantías del impetrante, en forma directa, al acceso información plural (oportuna y veraz), y en forma indirecta, a la presunción de inocencia, a un debido proceso y al acceso a la justicia imparcial”, establece la demanda.
- Riva Palacio agrega que el documento también incluye una petición al juez de responder 17 preguntas que envuelven los problemas jurídicos del caso, entre las que están: «¿Puede considerarse como presión externa a la función judicial, que el Presidente manifieste que se investigará a todo Juez que resuelva en favor del quejoso?»./EL FINANCIERO-PUNTOporPUNTO
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