Por primera vez desde que la Secretaría de Hacienda comenzó a monitorear el endeudamiento de las entidades federativa, Baja California alcanzó niveles comparables solo con estados desfalcados como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora, donde sus ex gobernadores enfrentan procesos penales por desvíos.
- El 29 de noviembre de 2018, la dependencia federal advirtió en su sistema de alertas que Baja California llegó al semáforo amarillo, lo cual significa un endeudamiento bajo observación. Esto debido a que el apartado de “servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición” presenta un endeudamiento elevado. En otras palabras, el gobierno estatal no tiene capacidad de pago para amortizaciones, intereses, comisiones y demás costos financieros que se derivan de obligaciones como el pago a Asociaciones Público Privadas (APPs).
- Para considerar que un estado tiene finanzas sanas, este rubro debe situarse en un rango igual o menor al 7.5 por ciento, pero cuando está por encima del 15 por ciento, entonces sus niveles de endeudamiento son considerados preocupantes. Mientras otras entidades como Ciudad de México o Guanajuato mantienen porcentajes del 6.3 y 4.4 por ciento en este indicador, Baja California alcanzó el 15.4 por ciento, cifra incluso superior a las de otras entidades como Veracruz o Sonora.
- A este escenario se suman los adeudos por encima de los 609 millones de pesos que el gobierno estatal sostiene, con órganos descentralizados como el Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Estatal Electoral, el Instituto de Transparencia, Cecyte, Cobach e incluso a profesores jubilados.
- A la par, la Secretaría de Planeación y Finanzas presentó al Congreso local su proyecto de ley de ingresos que plantea aumentos de hasta el 100 por ciento a impuestos y la creación de nuevos, lo que permitiría al gobierno estatal captar recursos adicionales por mil 9 millones de pesos en comparación a lo recaudado en 2018.
- Para empresarios, quienes se verían principalmente afectados con el aumento del 101 por ciento a la sobretasa del impuesto sobre la nómina, así como para diputados de oposición, el escenario es inequívoco: el gobernador Francisco Vega de Lamadrid intenta remediar el mal manejo de las finanzas estatales con el aumento en de impuestos para los ciudadanos.
El siguiente año fiscal es particularmente importante en cuestión financiera para la administración de “Kiko” Vega. La Ley de Disciplina Financiera -aprobada para evitar los desfalcos registrados en estados como Veracruz y Chihuahua-, obliga al gobierno estatal a liquidar sus saldos a corto plazo, antes de que el próximo gobernador entre en funciones el 1 de noviembre de 2019.
Impuesto sobre la nómina para pagar desalinizadora
El 4 de diciembre, el secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, junto a su equipo, compareció ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso local para presentar el proyecto de ley de ingresos del gobierno de Baja California para el año fiscal 2019.
- En el caso del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, mejor conocido como Impuesto Sobre la Nómina, éste se cobra con una tasa del 1.80 por ciento y una sobretasa del 0.63 por ciento, esta última pasaría al 1.33 por ciento, un aumento del más del 100 por ciento.
- Según la exposición del secretario “los recursos que se recauden por dicho concepto se destinarán exclusivamente a la educación superior en la entidad”, pero el decreto 168, aprobado en diciembre de 2017 sostiene lo contrario.
- Este decreto, en el que se detallan las garantías y formas de pago para un conjunto de APPs destinadas al agua como la desalinizadora de Playas de Rosarito, tuberías de agua potable y drenaje en Mexicali y Ensenada y la planta potabilizadora La Nopalera, establece que el Impuesto Sobre la Nómina puede ser destinado en su totalidad a estos fines.
- En su Artículo Sexto, el decreto indica que “se autoriza al Gobierno del Estado para que por conducto del Secretario de Planeación y Finanzas constituya un fideicomiso, afectando y/o destine en forma irrevocable la totalidad de los ingresos por la recaudación del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRTP) y su sobretasa anual para cada ejercicio fiscal durante la vigencia del Fideicomiso”.
Precisamente este aspecto fue abordado por el diputado de Transformemos, Luis Moreno Hernández, quien expresó “yo creo que esa sobretasa no va para educación, las empresas están intentando fincar obras con APPs, especialmente la planta desalinizadora”.
El legislador encaró al secretario de Planeación de Finanzas y le dijo “en el decreto 57 de la Comisión de Hacienda, se establece con toda claridad, en el Artículo 21, que la sobretasa del 0.63 es uno de los mecanismos de garantía de pago para la planta desalinizadora, en un transitorio de esta nueva ley de ingresos, se reitera que esa sobretasa sí puede ser usada para otros fines, no exclusivamente educativos y una vez usados, el estado tendrá que reponer esos recursos para educación”.
Hernández Díaz evitó una respuesta directa y señaló que el incremento estaba pensado para “financiar de manera más adecuada el tema de la educación superior”, pero que la decisión final del destino sería de los diputados sin siquiera abordar el decreto que estipula dicho impuesto irá para crear un fideicomiso que sirva de garantía para el pago de contraprestaciones millonarias para las empresas con quienes el gobierno formó APPs.
- Con el aumento de ese impuesto, la Secretaría de Planeación y Finanzas estima recaudar 658 millones 585 mil pesos.
Coparmex y CCE, dispuestos a ampararse
El presidente de Coparmex Mexicali, Rodrigo Llantada, expresó en entrevista su rechazo a la medida de aumentar la sobretasa del Impuesto sobre la Nómina.
- “No es aceptable. Es evidente que la situación financiera del actual gobierno no permite pensar en proyectos o recursos que comprometan el escaso flujo que hay, por los tres proyectos, la desalinizadora, el segundo piso y el C5i, pero la obra más importante para BC es recomponer las finanzas y no debe ser a través de incrementar impuestos”, señaló.
- Sobre la especulación de que la medida sería un contrapeso a una posible afectación que ocasionaría en el gobierno estatal la captación de recursos federales por la disminución del IVA e ISR, señaló que hasta que no se presente un presupuesto de egresos federal -cuya fecha límite es el 15 de diciembre- “pensar en la justificación de aumentar para resarcir por un posible recorte no es admisible”.
El líder empresarial añadió: “lo que sabemos es que el gobierno del Estado tiene un problema grandísimo, más de 4 mil millones de pesos en deuda a corto plazo que no tiene cómo pagarla”.
Adeudos provocan huelgas y paros
- La falta de liquidez en el gobierno estatal ha dejado sin el pago de sus salarios a miles de trabajadores. El paro de labores iniciados en Cecyte (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado) desde el viernes 24 de noviembre, cuando no fue depositada la quincena correspondiente, evolucionó al estallamiento de huelga.
- Desde el 4 de diciembre, lo planteles de Cecyte en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito fueron tomados por docentes y personal administrativo agremiados al el Sindicato Poder Obrero de Trabajadores de Baja California (Sinpot).
Tadeo Hernández, coordinador estatal del Sinpot, advirtió que, de no realizarse los pagos correspondientes, la huelga estallará en los centros escolares de Ensenada y San Quintín el 7 de diciembre; mientras que en Mexicali se fijó como fecha límite el 17 de diciembre./SIN EMBARGO- PUNTOporPUNTO
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