Los estados y municipios que impugnaron una reforma para que se les continuara asignando recursos del Fondo minero perdieron la batalla, y es que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) decidió que la controversia que presentó el gobierno de Chihuahua para que el fondo mantuviera su esencia y los recursos quedaran en los estados y municipios no procedió.
- El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, ahora Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, recauda cada año aproximadamente 2,790 millones de pesos, que se destinaban hasta el año pasado a obras en beneficio de estas zonas de extracción minera. Hasta 2018, se habían recaudado 13,965.7 mdp.
No obstante, con las modificaciones en el Paquete Económico 2019, el dinero recaudado cambió de fórmula con lo que los estados y municipios ya no recibían directamente los recursos. Por ello se presentaron 33 controversias ante la Corte para conservar los recursos en las zonas mineras y mantener así la esencia del fondo.
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Pero como la SCJN votó la improcedencia de la controversia de Chihuahua, que al igual que las otras 32 tenían vigencia a este año, ya no tendrán validez el próximo año dado que aplicaron para el año fiscal actual que termina el 31 de diciembre, mientras que la Corte ya no tendrá sesiones, sino hasta el 2020.
“Quedan sin materia y eso ya no se resolvió, lo que aplicará ahora será lo que dice la Ley de Ingresos y Derechos de 2020 que lo que hace es destinar estos recursos para Educación”, explicó Beatriz Olivera, investigadora del programa Tierra y Territorio de Fundar.
De zonas mineras a escuelas
- Tras la decisión el gobierno federal de cambiar el nombre del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera y que la Secretaría de Economía y ya no la de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) absorbieran y asignaran los recursos, en febrero de 2019 un conjunto de municipios y estados mineros solicitaron la intervención de la Corte para que el Ejecutivo mantuviera el espíritu del Fondo.
Ya en la Ley Federal de Derechos 2020, se desapareció la vinculación del uso del Fondo en zonas donde hay extracción minera para que ahora se destinen los recursos a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para mejorar las condiciones de los centros educativos y de los servicios de salud./EXPANSIÓN-PUNTOporPUNTO
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