A pesar de que el huachicoleo se incrementó exponencialmente —más de 200 por ciento— durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, al pasar de 3 mil 278 tomas clandestinas y pérdidas por 10 mil 300 millones de pesos, en 2013, a 12 mil 581 tomas clandestinas y pérdidas por 35 mil millones de pesos, en 2018, en ese periodo la Secretaría de la Función Pública (SFP) solo sancionó a 53 empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes resultaron culpables por robo de combustible.
- Únicamente uno de los expedientes fue llevado ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la Procuraduría General de la República (PGR), para que se iniciara la investigación penal correspondiente.
- Además, solo en un caso se buscó resarcir el daño patrimonial causado: se le impuso una multa de 3.7 millones de pesos a un empleado castigado.
- Entre los imputados no hubo peces gordos. Todos los sancionados eran trabajadores operativos: choferes, obreros, ayudantes y vigilantes. Ningún directivo hasta finales de 2018.
Para más de la mitad de los inculpados, el castigo fue solo la suspensión temporal de sus labores.
- Entre 2015 y 2018 la Unidad de Responsabilidades de Pemex —oficina de contraloría interna que depende de la SFP— resolvió 87 expedientes administrativos por acciones vinculadas con la extracción irregular de hidrocarburos, tanto desde el interior de la empresa productiva del Estado como directamente en ductos y durante el traslado de combustible mediante pipas. En esta administración, la unidad no ha encontrado registros de sanciones aplicadas antes de 2015.
- De esos 87 expedientes, más de la mitad (50) quedó sin castigo: en 48 casos, la SFP no logró encontrar elementos que pudieran probar la responsabilidad de los trabajadores involucrados y en dos más determinó que no había responsabilidad.
- Los 37 expedientes que sí ameritaron una sanción involucran a 32 empleados que participaron en la extracción ilegal de combustible, principalmente de ductos y de las Terminales de Almacenamiento y Distribución (TAD). Otros 21, que se identificaron como choferes de pipas, realizaban paradas no justificadas a lo largo de la ruta entre las TAD y estaciones de servicio a las que debían entregar el combustible.
- La única denuncia penal fue presentada por la Gerencia Jurídico Penal de la Dirección Jurídica de Pemex ante la Seido, el 28 de julio de 2016. Por ese expediente se abrió la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIARVCHIH/0000325/2016.
- Se trata del caso de la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) Chihuahua de Pemex Logística, dado a conocer por MILENIO el 9 de octubre de 2017 (https://www.milenio.com/policia/opera-pemex-banda-roba-gasolinas-diesel), en el que la SFP pudo documentar cómo fue que una “banda” de empleados públicos alteraba los instrumentos de registro de llenado de las pipas para generar un sobrecupo y vender ilegalmente el excedente.
- Respecto de los otros 36 casos en los que se pudo demostrar el huachicoleo por parte de servidores públicos, no hay registro de que la anterior administración haya dado vista al Ministerio Público federal, de acuerdo con información proporcionada por los actuales funcionarios de la SFP.
- Tanto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se abrogó el 18 de julio de 2016, como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que la reemplazó y sigue vigente, se establece que si la secretaría o el contralor interno tuvieran conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, deberán denunciarlos ante el Ministerio Público o, en su caso, instar al área jurídica de la institución para que formule las querellas correspondientes.
Sanciones menores
- La mayoría de las sanciones impuestas a los trabajadores de Pemex que extrajeron combustible de manera ilegal no fue muy severa.De los 29 sancionados con suspensión, cuatro fueron cesados por seis meses, dos por 90 días, dos por 60 días, uno por 45 días, siete por 30 días, uno por 20 días, seis por 15 días, uno por 10 días, cuatro por cinco días y uno por tres días.
- El resto son destituciones con inhabilitaciones: uno por 11 años, once más por 10 años, y otros 11 por un año. La sanción más relevante es la de un trabajador (técnico instrumentista) al que se le destituyó, se le inhabilitó por 11 años y se le impuso una multa de 3.7 millones de pesos.
- Al individuo se le encontró en flagrancia con otras cuatro personas con una pipa de 20 mil litros conectada a una toma clandestina de combustible en el ejido de Xala, en Texcoco, Estado de México, por donde cruza el poliducto Cima de Togo-Azcapotzalco.
- Ese es el único caso de robo de combustible sancionado con una multa económica, a pesar de que esta medida se impone cuando la acción realizada por el servidor público genere lucro a quien la comete y/o cause daños o perjuicios al patrimonio público, de acuerdo a lo señalado en las leyes mencionadas; el monto de la sanción puede ser de dos hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados, según la ley que se aplique./MILENIO-PUNTOporPUNTO
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