Con la reforma a la ley de la industria eléctrica, el Ejecutivo federal suma 15 acciones de animadversión a la inversión privada y el continuo deterioro de la pública, cuyas señales indican que la intención del actual gobierno es desalentar la inversión y, por lo tanto, el crecimiento económico de México, acusa el sector empresarial.
- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) afirma que la inversión privada es el motor que puede provocar la recuperación de la actividad económica en México, pero ha sido severamente debilitada en estos dos últimos años.
- Ante el deterioro de la inversión y de la gran mayoría de los indicadores de la economía, el gobierno muestra complacencia basada en la “salud” de las finanzas públicas y la estabilidad del tipo de cambio. Lo cierto, explica el sector privado, es que le conveniente enviar estos mensajes al ser un año electoral.
“La conformidad con la realidad lo lleva a la inacción ante un fuerte deterioro de la economía, incluyendo aumento de la pobreza, cierre de actividades, empresas y fuentes de empleo productivo, entre otras consecuencias negativas”, sostienen los analistas del sector privado.
Si bien reconocen que parte del discurso tiene sustento económico, ya que los agregados financieros-fiscales de la economía muestran solidez macroeconómica, al menos a nivel superficial.
“Se puede decir, como el gobierno lo afirma, que el déficit y la deuda pública se han mantenido bajo control, especialmente cuando se les compara con muchos otros países donde estos resultados fiscales se han desbordado durante la pandemia, al haber puesto en marcha diversos programas de apoyo a empresas, ingresos y hogares, que en México han sido prácticamente inexistentes”, refiere.
- En su análisis semanal, el CEESP afirma que el gobierno o su partido han llevado o intentado llevar a cabo, acciones que atentan contra la certidumbre jurídica, y que, independientemente de su concreción, son señales que perjudican la confianza para invertir en México, tal es el caso de la consulta nacional sobre la cancelación del proyecto del NAIM, en octubre del 2018, o la Iniciativa de reformas a las leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de Instituciones de Crédito en Materia de Comisiones Bancarias; la cancelación de la cuarta subasta eléctrica, mediante la cual privados y la CFE podrían comprar electricidad a través de contratos de largo plazo el siguiente año.
Estas medidas entre otras que han sido impugnadas por el sector empresarial y rechazadas por el Poder Judicial, pueden tener raíces ideológicas —la intervención del estado es mejor, el sector privado goza inexorablemente de rentas económicas injustificadas y abusa del pueblo— en el sentido simplemente que así, con las decisiones e iniciativas antes comentadas, funciona mejor la economía y el país.
Lo paradójico —argumenta— es que aparentemente algunos rasgos de ese sistema fueron los que finalmente lo llevaron al poder.
El CEESP señala que el problema con los fenómenos transitorios que generan optimismo o comodidad es que cuando por cualquier circunstancia se agotan, “suelen provocar crisis abruptas, lo que es un riesgo significativo”, alerta./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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