El sector patronal del país demandó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador rectificar en la imposición de topar precios en el gas LP, de lo contrario, las empresas del sector podrían quebrar por enfrentar dificultades para operar con los montos fijados por la autoridad.
- José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), estableció que el gobierno federal “no debe intervenir para fijar precios que distorsionen el mercado”.
- Ante la imposición de un tope máximo en el precio de gas Licuado de Petróleo (LP), el organismo empresarial se pronunció porque el mercado cuente con confianza y certeza, basadas en precios estables que son producto del mercado internacional, de una mayor competencia y del incremento en la productividad.
“Nos preocupa la intervención del Estado para establecer un tope máximo en el precio de gas LP, ya que esta decisión podría fomentar el mercado negro, generar desabasto y provocar alteraciones en el mercado. La medida, que impactaría positivamente al consumidor, pone en riesgo de quiebra a docenas de empresas que enfrentarían dificultades para operar con los montos fijados por la autoridad”, advirtió el presidente de la Coparmex.
Reconoció la necesidad de dar una solución definitiva a los constantes incrementos en el precio del gas; sin embargo, las decisiones tomadas por el Ejecutivo Federal, como es la creación de la empresa del Gas Bienestar y la imposición de un límite de precios, “no abonan a la competitividad que necesita México”.
- Mediana Mora advirtió que las fijaciones artificiales de precios provocan que empresas salgan del mercado, por lo que “consideramos que el gobierno debe rectificar la medida implementada, ante un riesgo latente de desabasto como el que se está produciendo, lo que afectará al comercio, la industria, los hogares mexicanos y tendrá un grave impacto económico para el país”.
- Con base en la experiencia negativa que en México tuvo con los precios fijados por la autoridad de manera arbitraria en los años 70 y principios de los 80, el sector empresarial plantea que una de las vías factibles para la resolución de esta problemática es la de fomentar la participación público-privada en la extracción y explotación del gas, además de que se utilicen los elementos contemplados en la ley para focalizar el subsidio.
Recordó que el proyecto presentado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobado fast track por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y publicado el mismo día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), debió someterse a una consulta pública, pues implica afectaciones directas a la competitividad./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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