El Estado mexicano prepara las indemnizaciones para las empresas cuyos contratos serán cancelados una vez que se apruebe la reforma constitucional en materia eléctrica, aunque prácticamente no serán necesarias porque estas firmas ya establecidas o nuevas en el país buscarán ser contratistas del Estado bajo el nuevo régimen, aunque se violen sus derechos adquiridos y se establezca un monopolio estatal, consideraron analistas.
- Francisco Barnés de Castro, quien fue miembro del órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), explicó en el quinto foro del Parlamento Abierto de la Cámara de diputados sobre la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que modelos de empresas estatales, como ENEL de Italia y EDF de Francia son exitosos porque tienen a un instrumento público para el suministro básico y un mercado regulado de costos variables porque es más barato, así que sin un cambio constitucional y sin la imposición de un monopolio como el que se busca, se podría fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) siguiendo este ejemplo, dejándole el suministro, la transmisión y distribución de energía al Estado.
Al respecto, Humberto Morales Moreno, profesor del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP, ya se preparan las renegociaciones de contratos y permisos de generación eléctrica, bajo un paradigma distinto con cálculos de costos totales y no los costos marginales que no incluyen el pago de la infraestructura que se adquiere ni la transmisión y distribución, lo que devolverá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el control de la energía en México.
“Hoy en día la generación de electricidad en el país ya es dominada por un monopolio, el del fondo BlackRock y las 10 compañías a las que financia y tiene detrás y controlan el mercado, el monopolio no es la CFE”, dijo, “Iberdrola, por ejemplo, no ha sacado de operación un solo watt, independientemente de sus quejas, además de que, en realidad, Iberdrola ya tiene más financiamiento de BlackRock que de otras fuentes, entonces ya prácticamente no es una empresa española”.
- Óscar Moreno Silva, de la Asociación Nacional de Abogados Empresariales, reiteró que los cambios para mejorar aspectos negativos para las finanzas de la CFE como el régimen de contratos legados se pueden aplicar en la legislación secundaria sin que sea necesario un cambio constitucional, ya que la iniciativa que se votará es una expropiación de facto porque sí se cancelan los permisos, es una violación al estado de derecho, porque se otorgaron conforme a la ley y también es una violación que se diga que la CFE va a controlar el 54% de la generación, porque los inversionistas llegaron y adquirieron derechos en un marco legal de competencia abierta.
“La CFE según la reforma eléctrica será un organismo con este control incluso de las políticas energéticas atenta completamente contra el estado de derecho, que obviamente está generando mucha preocupación desde la IP, de protecciones de inversión, de tratados internacionales, llevando por decreto cambios sin justificación técnica, jurídica”, dijo.
Por su parte, Jorge Tonatiuh Martínez Aviña, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM explicó que la energía no es un bien más sino un sector estratégico por su transversalidad con el resto de las actividades económicas y que un país con las desigualdades que tiene México no puede dejarlo en manos del mercado, que no responderá ni ante contingencias climáticas o financieras de los combustibles, y menos ante la necesidad social de electrificación.
- En su ponencia explicó que después de los cambios de 1992, en que se permitió que las privados generaran electricidad mediante autoabasto y como productores independientes de energía, bastaron ocho años para que la IP dominara el 14% de la generación eléctrica nacional. Veinte años después, dominan el 62% y las previsiones apuntan a que en ocho años la CFE tendrá sólo el 16% de participación en esta actividad que es la que genera ingresos en la cadena eléctrica.
“Esta reforma sí tiene visión de futuro, porque la CFE no es un órgano aislado de la sociedad y con su rectoría es la única forma de garantizar la transición energética, que va a llevarse desde el Estado, porque la naturaleza de los privados sólo fue beneficiarse incluso del financiamiento del Estado mexicano, de la banca de desarrollo y las Afores”, dijo./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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