La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no está en quiebra y de hecho genera utilidades por los conceptos de transmisión y distribución de energía para todo el país, además de que al incluir su participación en el mercado eléctrico mayorista (MEM) y la energía que compra como único cliente a privados incluye más de 69% de la generación en sus estados contables.
- Por ello, la ruta para fortalecerla y con ello garantizar la seguridad energética es dejarla competir, aseguraron analistas, mientras que con la reforma que se discutirá en el Congreso bajarían las tarifas y se observarían beneficios a los consumidores por lo menos en dos años, revelaron.
- A decir Óscar Bernardo Ocampo Albarrán, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en la actualidad, la CFE reporta en sus estados contables el 69% de la energía que se genera en el país, porque incluye el 38% que aportan las plantas bajo su operación y el 31% de los productores independientes de energía (PIE), lo que la vuelve dominante en este eslabón de la cadena de valor
Además de que como usuario calificado mediante la empresa CFE Calificados utiliza más de la mitad de la energía que se comercializa en el mercado eléctrico mayorista, donde el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) tiene inscritos a 50 suministradores para cargas de más de 1 megawatt hora para grandes usuarios.
“Lo que vemos es que si se le deja competir, la CFE compite de manera extraordinaria. No es necesaria una reforma constitucional para ajustar los ingresos que recibe por prestar los servicios de transmisión y distribución de energía, y en generación compite tal como está y lo seguirá haciendo, en beneficio de todos si esta competencia lleva a que se reduzcan los costos y se refleje en menores tarifas”, dijo el experto en la Cámara de Diputados.
Durante el noveno foro del Parlamento Abierto rumbo a la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica, este lunes se abordó el tema 3: los objetivos planteados y resultados de la reforma de 2013, en que los analistas explicaron las necesidades para la planeación del sistema eléctrico en la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. En este marco, el represente del IMCO aseguró que en lugar de hacer una reforma constitucional, se debe ajustar mediante regulación la actuación de los privados y sus pagos al Estado, aunque para el 2036 los generadores mediante autoabasto dejarán de funcionar en su totalidad y de hecho en los próximos cinco años 80% de éstos dejarán de tener vigencia y deberán migrar al mercado eléctrico mayorista o vender mediante contratos bilaterales, muy posiblemente a la CFE.
- Sin embargo, Rafael Ismael Mateu Lazcano, jubilado de la CFE, explicó que la IP que ha llegado al sector eléctrico nacional lo hizo mediante condiciones tan benéficas por parte de administraciones anteriores que sin invertir un centavo obtuvo más de 80,000 clientes, que son los mayores consumidores del país, ya que sólo firman el contrato de suministro de energía, que generan en condiciones privilegiadas porque no pagan porteo o transmisión sin importar la distancia que recorra su energía mientras que CFE paga todos sus servicios conexos y el mantenimiento de la red.
“El daño que se está haciendo a CFE que va en caída libre hacia su desaparición es enorme, por eso apenas con la aprobación de la iniciativa para modificar la Constitución, tardaría más o menos dos años en reflejarse disminuciones en las tarifas e ingresos constantes y firmes para expandir la red, pero por lo pronto no desaparecerá ni aumentarán las tarifas por encima de la inlación”, dijo.
En contra de la iniciativa presidencial, el consultor Víctor Ramírez Cabrera, argumentó que el día de hoy ya hay una tarifa de transmisión y una de distribución, que le permite recuperar costos a la CFE. Las pagan de manera proporcional los grandes usuarios y se reparte también entre los hogares que reciben suministro básico.
“Pagamos para que siga habiendo este servicio integral. El sistema legal que hoy existe no sólo permite sino que promueve que se aporte para mejorar la confiabilidad de la red”, dijo, “sí tenemos la red sostenida con alfileres pero se los están quitando, no necesitamos una reforma para aplicar lo que ya está sino aplicarlo. Esta reforma no permite inversión en transmisión por parte de los privados, sino que deja un monopolio a la CFE, que tendrá que usar el dinero público para mantenerlo”.
- Finalmente, el consultor independiente Nahúm Román Vargas, aseguró que la actual tarifa de transmisión sencillamente no es suficiente para todos los requerimientos de la red y que cada vez que se quita a un generador convencional por un renovable se debería invertir en la ampliación o modificaciones a la red para su uso, lo que no ocurre con el marco legal vigente, por lo que se llegó a la necesidad de modificarlo, porque de lo contrario se caería en una emergencia energética en breve.
“Al observar este desorden en que cualquiera se conecta sin importar si la red aguanta su carga, se buscó cambiar la política de confiabilidad, se buscó cambiar la Ley y para no renunciar a sus grandes ganancias se promovieron amparos por la inconstitucionalidad de estas medidas. No quedó más que cambiar la Constitución, porque está en juego la seguridad energética del país”./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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