El sector empresarial demandó al gobierno de Andrés Manuel López que aclare las condiciones del acuerdo en materia energética, para que se brinde seguridad y flexibilidad necesarias a la inversión privada, que participen en exploración y explotación de petróleo en todo tipo de campos.
Para poder recuperar los niveles de producción y reservas de crudo de manera sostenible se requiere certidumbre en las leyes para que los inversionistas puedan operar, pugnó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
- Frente a la coyuntura de desaceleración económica, los analistas del sector empresarial afirmaron que “lo ideal es que las propuestas de política económica se conviertan en un incentivo para la inversión privada en todas las actividades productivas del país, sin limitaciones no previstas en las leyes, sin preocupaciones por cambios a contratos ya establecidos y con claridad suficiente en los que se concreten en el futuro”.
- Abundó que la flexibilidad a la inversión privada ayudará a aumentar la extracción y oferta nacional de gas; competir en proyectos de generación de electricidad, de fuentes tradicionales y renovables, para asegurar el abasto y los márgenes suficientes; e invertir en petroquímica.
El organismo del sector privado consideró imprescindible, que dada la coyuntura, se requiere de un entorno de certidumbre jurídica y pleno estado de derecho que sirva de estímulo para que las empresas lleven a cabo efectivamente sus planes particulares de inversión y que la inversión productiva del país se concrete. “Esa es la única manera sostenible de elevar el empleo formal y reducir los niveles de pobreza”, acotó.
- De acuerdo con el CEESP, la cantidad y calidad de recursos que puede aportar el sector privado a la inversión en estas actividades generaría casi de inmediato una derrama, que sin duda daría un impulso significativo a la actividad económica en el corto plazo, y que sería muy bienvenida.
Refirió que dicha derrama se daría en regiones cuya situación es especialmente delicada como es el caso del sur-sureste./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO