Al calificar como anticonstitucional, preocupante y ambiguo el decreto de austeridad del Ejecutivo y la iniciativa para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el sector empresarial planteó la urgencia de constituir un consejo económico de emergencia, similar al Consejo General de Salubridad, implementado para atender la pandemia del Covid-19.
- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) refirió que “persiste la preocupación de que sea el gobierno quien decrete el momento de una emergencia económica, sin definir la temporalidad de la misma, ni otras de sus características específicas. No es adecuado considerar como emergencia económica una variación negativa drástica e imprevista en el comportamiento de los principales indicadores económicos que sustentaron el proceso de presupuestación”.
Para el sector empresarial, resulta primordial la creación del consejo económico de emergencia con la participación del gobierno y de los organismos de la sociedad, a fin de que se decrete de manera colegiada y participativa la emergencia económica, y de forma unilateral.
Paralelo a este consejo, podría relacionarse con la creación de un consejo fiscal independiente, y ser parte de éste, que tendría además otras atribuciones más cotidianas y regulares.
“Desde hace casi una década el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) ha insistido en la creación de dicho consejo, que tenga la capacidad de analizar y hacer recomendaciones sobre la política fiscal y sobre el uso de los recursos públicos”, recordó.
- A través de su análisis económico, el organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó que la decisión de no ejercer 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros seguramente “traerá consigo mayor
- es problemas a los proveedores del sector público, que sin duda seguirán sufriendo retrasos en sus pagos, agudizando el problema de liquidez que ya se da en el empresariado”.
- Para los analis
- tas del sector privado, el objetivo de que la eficiencia, honestidad y austeridad permitirán aumentar en 623,000 millones de pesos para blindar programas sociales y proyectos prioritarios se aprecia “demasiado ambicioso”. Aunque precisa, de ser posible, “muy probablemente operará en contra de la subsistencia de las pequeñas y medianas empresas del país y del empleo que generan”.
El CEESP destacó que las atribuciones discrecionales que pretende el Ejecutivo para el manejo del gasto “son enormes”, pues agrega que a diferencia de lo previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que fija umbrales de modificaciones al presupuesto de cada ramo para informar a la cámara, en este caso se hace referencia a reorientaciones del gasto -por parte de Hacienda- de hasta 5% o 10% del gasto aprobado total, lo que en términos absolutos significaría 301,000 millones de pesos o 602,000 millones de pesos, y que como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) representarían 1.2% o 2.5%.
“Estas cifras serían inmensas, si se considera que, como es ampliamente sabido, alrededor del 80% del gasto público es ineludible -nómina fija, programas imprescindibles desde médicos, enfermeras y maestros hasta participaciones y aportaciones federales, servicio de la deuda, jueces y controladores aéreos entre muchos otros-. Tomando esa cifra (80%), la discrecionalidad de que habla la iniciativa sería de hasta 25%, 50% o mayor del gasto disponible”, alertó el sector empresarial./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
