Héctor Villareal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), mencionó que para el 2027 el gasto que se destina a las pensiones podría llegar a 6.5% del PIB, además si se suma con el gasto de deuda esto podría llegar a los 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
- «Si se suma un servicio de deuda de 3.5% del PIB, en el 2027, entre pensiones y servicio de deuda el gobierno federal tendría que estar erogando 10 puntos del PIB», dijo.
Mencionó que, para el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021, el gasto que hará el gobierno federal al ramo de pensiones será 4.9% del PIB que es casi la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) si no fuera porque le tiene que agregar un punto porcentual del PIB.
En ese sentido, el director del CIEP declaró que en el corto plazo no existirá una carga fiscal, sin embargo el futuro vislumbra problemático en el mediano y largo plazo.
«Tenemos modelos aquí en el CIEP , empezamos a hacer corridas y en algunos escenarios sí hay impactos presupuestarios y en algunos otros hay impactos muy importantes. Lo que ocurre es que gran parte del costo fiscal no va a ocurrir en un corto plazo, pero a 10 años empieza a ver impactos, a 15 años graves y a 20 años impactos bastante considerables», declaró en su participación en el segundo día del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados con respecto a la iniciativa de reforma a Ley de Seguridad Social.
Villareal dijo que en términos generales es una buena reforma, hay cosas que sí se tienen que trabajar y se debe de entender en su universo y con sus limitaciones.
- «Es una reforma a pilar dos (cuentas individuales) que tiene potencial para conectarse con pilar cero (pensión universal) y se pudiera conectar con pilar tres (planes privados de pensiones). Incluso se abre la puerta para el desarrollo de instrumentos financieros muy interesantes que pudiéramos pensar en seguros y otros tipos de ahorros», mencionó.
No dejó pasar la oportunidad para mencionar que los temas pendientes de la reforma son la inclusión del sector informal y la equidad de género./EL ECONOMISTA-PUNTOPORPUNTO
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