En el último tramo de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un último apretón al cinturón de las dependencias federales, pues ordenó intensificar la austeridad republicana.
En un oficio enviado a todos los integrantes de la Administración Pública Federal (APF), el Ejecutivo ordenó no celebrar nuevos contratos y prohibió iniciar procedimientos de contratación de licitación pública desde el pasado 16 de mayo.
- Asimismo, ordenó a las dependencias reducir gastos en telefonía, servicios de comunicación e internet, fotocopiado, combustibles, energía eléctrica, viáticos y alimentación, entre otras cosas.
Ordenó a las dependencias y entidades ir traspasando a la Tesorería de la Federación los recursos remanentes y no comprometidos de manera mensual, desde mayo y hasta el 30 septiembre.
“Por instrucciones del Presidente de la República, del secretario de Hacienda y Crédito Público y del secretario de la Función Pública, las dependencias y entidades deberán realizar las acciones que correspondan para que, en el ejercicio de sus presupuestos autorizados, disminuyan al mínimo el gasto de operación asignado a las actividades no prioritarias y se eviten realizar gastos innecesarios”, señala el oficio con fecha del 28 de mayo de 2024.
El oficio solicita además que todas las dependencias, entidades y unidades administrativas “se sujeten rigurosamente a las disposiciones de austeridad republicana previstas en la ley”.
- Entre las medidas a seguir desde finales de mayo y hasta el término de la administración federal el 30 de septiembre destaca que las dependencias ya no pueden ocupar plazas permanentes y eventuales, ni celebrar nuevos contratos de honorarios.
- También, que las dependencias y entidades tendrán la obligación de hacer adecuaciones presupuestarias “para que se traspasen mensualmente, durante los primeros 10 días hábiles siguientes al término de cada mes, los recursos provenientes de vacancia, de remanentes de seguridad social y de paquete salarial y los recursos no comprometidos y otras economías al Ramo General 23”.
Los oficiales mayores y los titulares de las unidades de administración y finanzas de las dependencias deberán enviar un oficio a la SHCP con el detalle de todas las economías generadas en el presupuesto de la dependencia respectiva.
Otro punto sustancial señala que las dependencias no podrán gastar más de lo que ejercieron en 2023 por servicios de telefonía, telefonía celular, servicios de comunicación e internet, fotocopiado, combustibles, arrendamientos, energía eléctrica, viáticos, alimentación, remodelación de oficinas, papelería y útiles de oficina, consumibles del equipo de cómputo, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones y seminarios.
También se prohíbe realizar erogaciones con cargo al capítulo de servicios generales que excedan 50% de su presupuesto aprobado para los conceptos de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones, así como de servicios profesionales, científicos y técnicos.
- Las dependencias y entidades no podrán autorizar ni realizar erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales “o cualquier otro tipo de foro o evento análogo”, y los ahorros que se generen deberán traspasarse al Ramo General 23.
- Se señala que desde el pasado 28 de mayo y hasta el 30 de septiembre las dependencias y entidades no podrán autorizar ni efectuar erogaciones por concepto de viáticos y pasajes para la realización de comisiones en el extranjero, “salvo que estén debidamente justificados y cuente con la autorización excepcional”.
En 2018, durante el cierre de gobierno de Enrique Peña Nieto la Secretaría de Hacienda también ordenó a todas las dependencias “cerrar la llave” del gasto público hacia fin de sexenio.
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