La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) prepara una propuesta que evite riesgos a la llegada al país de nuevas inversiones privadas por la reforma judicial que impulsa el oficialismo en el Congreso, la cual busca elegir a jueces y ministros por el voto popular y que, según opositores, ha propiciado incertidumbre jurídica y de Estado de derecho.
- Para ello, los empresarios comenzaron este lunes una serie de foros en todo el país, donde expertos y abogados reconocidos manifestarán su opinión respecto de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) del presidente Andrés Manuel López Obrador, parte de su último paquete de cambios legales a la Constitución, previo a la llegada de la nueva administración el próximo 1 de octubre.
“Hay un gran potencial de inversión fresca y tenemos que darle certidumbre jurídica a la inversión, y por eso el objetivo es encontrar cómo mejoramos el Poder Judicial para que haya una mayor certidumbre jurídica y con esto podamos tener un mejor desarrollo”, expresó este lunes en el primer foro José Medina Mora, presidente de la Coparmex.
El líder de la entidad que agrupa a más de 36,000 empresarios responsables del 30% del PIB, advirtió que dicha reforma preocupa a los empresarios “desde el punto de vista económico del país”.
Medina Mora reveló que proyectos de inversión en México que están autorizados y cuentan con financiamiento están detenidos por la incertidumbre jurídica que propició la propuesta de reforma al PJF.
“Lo que nos han dicho (las empresas interesadas en México para invertir), es que si México entra en la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular detendrán esas inversiones y eso es lo que nos preocupa”, señaló.
Incluso criticó que la mayor parte de la inversión extranjera directa es en su mayoría reinversión de utilidades y es muy poca la inversión “nueva y fresca”.
- En este sentido, consideró que la afectación podría ser muy grande debido al “gran potencial de inversión” que observo derivado del fenómeno de la relocalización de las empresas o nearshoring.
- Además, Medina Mora destacó que los cargos de jueces, magistrados y ministros no responden a un carácter de elección por voto popular, pues no defienden alguna demarcación territorial, sino lo que vigilan es que se aplique la ley.
Además, lamentó que se busque eliminar la carrera judicial en el PJF, que obligaba a los abogados a presentar concursos de conocimientos y experiencia para poder escalar a juez, magistrado o incluso a ministro de la Suprema Corte de justicia de la Nación.
Medina Mora consideró que este sistema debería de ampliarse a los estados y localidades del territorio mexicano en lugar de desaparecerlo por elecciones.
‘Elecciones judiciales son inviables’
Juan Pablo Campos González, gerente de proyecto en la fundación alemana Konrad-Adenauer-Siftiung México, calificó de “inviable” la propuesta de que jueces y magistrados sean electos por el voto popular, y afirmó que atenta contra la independencia y autonomía de los juristas.
- Dijo que además supone un ejercicio de organización muy grande, pues se tendrían que elegir entre 4,698 candidatos a jueces y magistrados federales, así como a 39,978 locales.
- Esto, comentó, supone el mismo número de candidatos y números muy grandes de papeletas en las mesas de votación que una sola persona tendrá que llenar, además de que serán el mismo número de actas que se tendrán que verificar, entre otra serie de supuestos.
Por ello, también demandó que se acompañe la reforma, de llevarse a cabo, de un proceso de preselección que garantice la idoneidad, los conocimientos teóricos y la experiencia necesaria para ocupar tan importantes cargos.
Además, consideró que haya una entrevista pública para dar transparencia y un comité técnico de evaluación de los perfiles, además de exámenes.
Advierten por el ‘poder absoluto’
En tanto, el abogado y exsubprocurador General de la República, Javier Coello, enfatizó que la intención detrás de la reforma judicial de López Obrador y que pretende aprobar con su amplia mayoría obtenida en las históricas elecciones de 2 de junio, es que el oficialismo obtenga el poder absoluto.
“Quieren tener los tres poderes; en conclusión, un poder de Estado absoluto. Tienen al (Poder) Ejecutivo, tienen el Legislativo y ahora quieren el Judicial”, sentenció.
Además, consideró que esta reforma es el resultado de “una auténtica venganza del Ejecutivo en contra del Poder Judicial”.
Elementos fundamentales
Desde su perspectiva, hay dos elementos de la reforma judicial que son fundamentales:
“El primero, a la hora de observar cómo es la carrera judicial; que un abogado tenga que estudiar y pasar exámenes, presentar exámenes de oposición para de acuerdo con su actuación ser considerado ser juez o magistrado, nos parece que es una fortaleza del PJF que tenemos que conservar y más bien llevar ese proceso a los poderes judiciales locales.
“El otro elemento importante es que un juez, magistrado o ministro no tiene una lógica para ser electo por un voto popular, a diferencia de la presidencia de la República, gobernadores, alcaldes, diputados federales, senadores, que responden a un territorio… y por eso mismo son electos por voto popular”.
Expertos ven riesgos en cambios propuestos al Poder Judicial federal
A lo largo de cinco encuentros, expertos y académicos han expuesto posibles riesgos y ventajas en torno a la propuesta de reformar al Poder Judicial, enfatizando en temas como la elección popular de jueces y magistrados, y el combate a los supuestos excesos de los juzgadores.
En particular y a través de los Diálogos Nacionales celebrados en la Ciudad de México, Guadalajara, Toluca, Chiapas y Veracruz, académicos, especialistas y abogados han expresado su opinión sobre temas como: ¿Qué Poder Judicial Tenemos? y ¿Qué Poder Judicial Queremos?; Conformación y Reorganización del Poder Judicial; Austeridad , Fideicomisos y Derecho Laboral de los Trabajadores del Poder Judicial; División de Poderes: Medios Legales y Constitucionales y Reforma al Consejo de la Judicatura Federal.
- Durante su participación en uno de estos encuentros, el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Manlio Fabio Casarín León, consideró que el proceso de elección popular de juzgadores se crearían incentivos perversos para la aplicación selectiva de la ley y la justicia, e incluso se corre el riesgo de que que se sancionen a personas juzgadoras cuyas decisiones no se ajusten a las preferencias políticas en turno o la parálisis ante coincidencias o afinidades políticas.
- A su vez, Flor Rocío Méndez Arrieta, catedrática en la Universidad Euro Hispanoamericana en Xalapa, Veracruz, mencionó que la selección de jueces debe basarse en criterios objetivos y transparentes que consideren el desempeño profesional de sus candidatos y que éstos no estén sujetos a destitución por sus decisiones judiciales.
Laurence Pantin, directora general de la Fundación para la Justicia, destacó la propuesta sobre un Tribunal de Disciplina Judicial independiente, no obstante, advirtió riesgos, ya que el tema de las causales para investigar y sancionar, son muy generales y no contemplan actos u omisiones contrarias a la ley o actos de complicidad y encubrimiento de presuntos delincuentes./Agencias-PUNTOporPUNTO
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