Los industriales del país advirtieron de complejidades fiscales y administrativas para las empresas durante el proceso de implementación de la eventual reforma al outsourcing, que llevarían a una sobreregulación e incremento de costos laborales, con el riesgo de que puedan incurrir en una penalidad.
- Representantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) se pronunciaron porque en el proceso legislativo en el que se discuta la nueva iniciativa de subcontratación se incluya una simplificación fiscal y administrativa que dé certidumbre jurídica a las empresas, pues ahora se solicitarán comprobantes de nómina y pagos de impuestos.
- En reunión informativa de la Concamin: Reformas legales en materia de subcontratación, Pedro Higuera, presidente de la Comisión Fiscal del organismo, explicó que “el hecho de que una empresa le tenga que solicitar al prestador de servicios especializados, proporcióname la copia de la nómina de los trabajadores, copia de las retenciones, del IVA, del IMSS y de muchos otros elementos y además el registro en la Secretaría del Trabajo, da un grado de complejidad en el cumplimiento”.
Calificó como un exceso pedir a las empresas copia de todas las nóminas y de todos los impuestos, cuando “la manera sencilla es pedir las opiniones de cumplimiento a las autoridades (como es el caso del IMSS, SAT e Infonavit) e instancias que sí tienen los elementos para valorar de mejor manera, incluso que las empresas, si mi prestador de servicios está cumplimiento de manera adecuada”.
- A su vez, Octavio Carvajal, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Concamin, dijo que el tema crítico será con la Secretaría de Hacienda, “porque el SAT no será con benévolo con sus acciones para darnos muchas facilidades por la actitud que hemos visto”.
Abundó que si bien se percibe una actitud relativa de la no deducibilidad y no acreditamiento derivados de la reforma del ISR, Código Fiscal y el IVA, éstos están sujetos a que se cuente con la eficiencia de la Secretaría del Trabajo de los formatos y las exigencias para el otorgamiento de registro./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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