Para hacer frente al impacto del COVID-19, el gobierno tendría acceso a 512 mil millones de pesos de 281 fideicomisos creados para enfrentar contingencias, una vez que haya agotado las opciones de la reorientación del gasto y de recurrir a un mayor endeudamiento público.
- Los instrumentos financieros orientados a enfrentar desastres naturales y de reconstrucción podrían ser empleados para afrontar la actual emergencia sanitaria, también los Fondos de Estabilización de Ingresos Presupuestarios y de las Entidades Federativas, así como aquellos que implican apoyos a empresas, subsidios e infraestructura, siempre que el gasto conserve la esencia de los objetivos por los que fueron creados, señalaron especialistas a Excélsior.
- Sin embargo, aunque se invoque a un Estado de excepción, existen controles legales para emplear dichos recursos.
- Dependerá mucho de cómo en la declaratoria de Estado de excepción se defina la palabra emergencia, y si el virus entra en esa definición”, subraya Sarahí Salvatierra, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
- Cerca de 512 mil millones de pesos están resguardados en fideicomisos públicos y que, conforme a los fines que persiguen y de cumplirse ciertos supuestos legales, potencialmente podrían utilizarse para hacer frente al impacto sanitario y económico ocasionado por el coronavirus en el país, una vez se hayan agotado las opciones de la reorientación del gasto y de recurrir a un mayor endeudamiento público, de acuerdo con especialistas consultados por Excélsior.
- Así, con datos de la Secretaría de Hacienda al 31 de diciembre de 2019, se obtiene que existen dos fideicomisos que se pueden usarse de forma directa, que son los Fondos de Estabilización de Ingresos Presupuestarios y de las Entidades Federativas, que en conjunto cuentan con 219 mil millones de pesos.
Estos recursos se usarán, con toda seguridad, para hacer frente al boquete de ingresos tributarios y petroleros por causa de la caída esperada del Producto Interno Bruto y observada de los precios del petróleo este año, respectivamente.
A fondos estos le siguen cinco fideicomisos que tienen 149 mil millones de pesos, y que están orientados a atender desastres naturales y diferentes contingencias, entre los que destacan el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el de Reconstrucción, el Fondo de Gastos Catastróficos del actual Insabi.
Luego existen otros 272 fideicomisos que cuentan con cerca de 144 mil millones de pesos orientados a apoyos a empresas, y otros apoyos, subsidios e infraestructura.
CONTROLES LEGALES
Sarahí Salvatierra, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explicó en entrevista que, si bien los fideicomisos se han usado de forma discrecional en los últimos años, existen controles legales que hacen que no puedan utilizarse de cualquier forma, aun en situaciones de Estado emergencia que llegue a decretar el Consejo de Salubridad General, o incluso, si se invoca el Estado de excepción con base en el artículo 29 constitucional.
El uso de los recursos de un fideicomiso tiene que apegarse estrictamente para los fines que fue creado, y tiene que ser autorizado por su Comité Técnico. Es decir, no basta que el gobierno diga ‘estamos en Estado de emergencia y ahora podemos disponer de esos recursos’”.
Salvatierra comentó como ejemplo los fideicomisos orientados a enfrentar desastres naturales y de reconstrucción, que, con una interpretación fina de la ley, es probable que puedan usarse para afrontar la actual emergencia sanitaria.
- Dependerá mucho de cómo en la declaratoria de Estado de excepción se defina la palabra emergencia, y si el virus entra en esa definición. Además, los fideicomisos para desastres naturales se rigen por los principios de la Ley de Protección Civil, por lo que requieren de una declaratoria de emergencia de la Secretaría de Gobernación y que se cumplan los supuestos de esa ley. Aunque intuitivamente uno pudiera decir que esos recursos pueden usarse en nuestra coyuntura, porque existe una amenaza real a la población, insisto en que deben pasar filtros legales para que puedan ser usados”.
- Cuestionada acerca de si por voluntad del Comité Técnico de cada Fideicomiso se decidiera aportar recursos para enfrentar la pandemia, Salvatierra dijo que también habría que hacer diversas precisiones legales.
- Los recursos de los fideicomisos los resguarda un fiduciario, que normalmente es una institución financiera privada. Si, por ejemplo, el comité del fideicomiso del Nuevo Aeropuerto quisiera aportar para la emergencia y la institución financiera ve que se van destinar recursos para otros fines distintos los que fue creado ese fideicomiso, puede demandar aludiendo a violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito”.
Sarahí Salvatierra expresó que el COVID-19 pondrá a prueba no sólo a las instituciones sanitarias y económicas en el país, sino también a las legales, pues de las decisiones que tome el Consejo de Salubridad General, e incluso de cómo eventualmente se defina el Estado de excepción desde el artículo 29 constitucional, se podrá decidir qué instrumentos financieros se pueden utilizar para hacer frente a la contingencia sanitaria./EXCELSIOR-PUNTOporPUNTO
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