Los gobiernos estatales dejaron de lado a la inversión pública productiva, cuyo efecto multiplicador incentiva el desarrollo económico.
- Al cierre de la primera quincena de junio del 2018, las entidades contrataron 88,166.7 millones de pesos en financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el mayor monto exhibido, para un mismo periodo de comparación, desde 1995, año que comienza la base estadística de la dependencia.
- Del monto total, 49.0% se destinó a refinanciamiento, 21.2% a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, 17.1% al binomio inversión-refinanciamiento (sin especificar el peso de cada rubro) y 12.7% a inversión productiva.
- Es decir, de cada 100 pesos que las administraciones adquirían de deuda, sólo 12.7 pesos se dirigían a inversión pública productiva. Así, el coeficiente de 12.7% fue el menor desde el 2007, cuando la relación llegó a 6.9%; resalta que en el 2014, la obligación se dirigió totalmente a inversión.
De hecho, en el 2009, año de la crisis económica y financiera, del monto total de financiamientos de las entidades, 95.5% se consignó a inversión. De acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera, la inversión pública productiva se define como “toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social”.
Su finalidad corresponde a la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público y a la adquisición de bienes y servicios, por lo que los recursos a este destino genera empleos y derrama de ingresos, variables que fortalecen el consumo privado, el principal indicador macroeconómico de la economía estatal.
“Ante los bajos ingresos y elevado endeudamiento, los estados restringen la inversión, lo que implica que se detenga la obra pública, afectando el crecimiento económico”, dijo José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic).
Eufemia Basilio Morales, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que “si la deuda se va a fines productivos no tendría por qué ser vista como algo nocivo, el problema es cuando sólo se destina a refinanciarse a o a cubrir insuficiencias de liquidez”.
Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que los gobiernos locales no han visualizado la inversión productiva como un punto de lanzamiento en la actividad económica./ CON INFORMACIÓN DE EL ECONOMISTA
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