El presidente del CCE calificó como “productivas” las reuniones con la SHCP y las Cámaras de Diputados y Senadores, y fruto de ellas se pudieron hacer modificaciones que resolvieron las inquietudes del sector en los siguientes temas: limitación para la deducción de intereses, esquemas de inversión, responsabilidad solidaria de socios y administradores, cancelación de sellos digitales, cláusula general antiabuso, esquemas reportables, actividades no objeto para efectos del IVA y subcontratación laboral, mencionó el líder empresarial ayer en conferencia de prensa.
- El presidente del organismo también aclaró que la nueva legislación de delitos fiscales que castiga a quienes emitan facturas falsas había sido malinterpretada.
- “No es verdad que a una persona que se le encuentre una factura falsa, se le meta a la cárcel directamente. Esta ley está hecha para personas que no son contribuyentes, no tienen pasado fiscal, no están dados de alta, no existen para la autoridad”, explicó.
- Agregó que se pudieron ajustar algunos puntos que originalmente no se tenían previstos en la iniciativa como que en el delito de compra de facturas se estableciera el monto de los 7 millones 804,230 pesos y que en el caso de la defraudación fiscal el monto subiera de 2 millones 600,000 a la cantidad antes comentada. Asimismo, se logró que las sanciones se modificaran para quedar entre dos y nueve años de prisión.
- El CCE reconoció como una señal positiva que en los Considerandos de la iniciativa aprobada se haya incluido un párrafo donde se señala que la reforma no será aplicada contra el ciudadano común cuando tenga un error en la forma de declarar sus contribuciones, ni contra aquellos empresarios que no forman parte de grupos delincuenciales dedicados de manera permanente a lucrar a costa del fisco federal.
- No obstante, lamentó que a pesar de la insistencia del organismo estas precisiones no se incluyeron en el articulado de la ley.
- El presidente del CCE comentó que se mantienen las conversaciones con las autoridades de Hacienda, donde cabe la posibilidad que dentro del Código Fiscal de la Federación podamos meter una interpretación más clara de la aplicabilidad de la reforma fiscal penal.
- “Nos preocupa esa interpretación de buena fe, en el que los contribuyentes podamos estar sujetos. Lo que hemos hablado con el secretario de Hacienda es que se explique con claridad y seguiremos insistiendo”, dijo.
En su oportunidad, Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del CCE, mencionó que, en los términos de la propia reforma, “se han recogido en un porcentaje muy importante todos nuestros puntos y consideraciones para dar esa certeza jurídica y confianza tan necesaria para la inversión y a través de los foros y reuniones con las autoridades y las fracciones parlamentarias logramos plasmar una serie de consideraciones”.
- El presidente del CCE mencionó que la confianza se construye y “para que tengas confianza, no quiere decir que estés 100% de acuerdo con todo lo que dice o hace”.
- “Nosotros confiamos en México y por México. Uno de los actores fundamentales es el gobierno. Estamos en la mesa y hemos sido escuchados no a 100%, pero si lo pusiéramos en porcentaje en voz de especialistas fiscales se nos hizo caso en 90% de las cosas que propusimos”, señaló.
- “No es verdad que a una persona que se le encuentre una factura falsa, se le meta a la cárcel directamente. Esta ley está hecha para personas que no son contribuyentes, no tienen pasado fiscal, no están dados de alta, no existen para la autoridad”.
PROPUESTA SHCP
- Hacienda propuso nuevos supuestos para la cancelación del certificado de sello digital.
- Se propuso un esquema de retención de ISR a las ventas por catálogo.
- Actualización del cobro del IEPS a refrescos a 1.25 pesos.
- Actualización del cobro del IEPS a tabacos a 49 centavos.
- Asesores fiscales, contadores y abogados deberán informar al SAT sobre las planeaciones fiscales de sus clientes.
- Hacienda propuso la creación de un comité de expertos del SAT para evaluar la legalidad de la planeación fiscal.
- Las plataformas digitales debían cumplir con todos los requisitos para abril del 2020.
- La propuesta original daba a las empresas un lapso de tres años para deducir intereses.
- Límite de deducción de intereses de 30% sobre utilidad fiscal ajustada para empresas nacionales y multinacionales
MODIFICACIÓN
- Hacienda suavizó los supuestos y da un plazo de gracia para desvirtuar o corregir las irregularidades detectadas.
- Se eliminó el esquema y le se dieron facultades al SAT para cobrar impuestos a esa actividad.
- La actualización del IEPS se dará conforme la inflación real.
- La actualización del IEPS se dará conforme la inflación real.
- Los asesores fiscales deberán informar al SAT sobre las planeaciones, pero se delimitaron los supuestos.
- Se elimina la creación de un comité de expertos del SAT para evaluar la legalidad de la planeación fiscal.
- Dieron tres meses más para cumplir con los requisitos; quedaron fuera servicios de publicidad y almacenamiento.
- En Diputados, el lapso para que las empresas puedan deducir intereses pasó a 10 años.
- Límite de deducción de intereses de 30% no aplicará al sistema financiero, industria extractiva en general y deuda pública./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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