En 2017, mientras el gasolinazo causaba estragos en la economía de los hogares y la inflación hundía los salarios del 41% de la población debajo de la línea de bienestar, los bancos tuvieron ingresos netos por 526 mil 246 millones de pesos –7.6% más que el año anterior– a raíz del cobro de comisiones y tasas de interés a usuarios y empresas nacionales.
En otras palabras, después de cubrir sus gastos, los bancos obtuvieron ganancias por 437 mil millones de pesos por el cobro de tasas de interés, así como 88 mil 440 millones por las comisiones. Este monto equivale al 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB) o al gasto público invertido en el sector Salud en 2017.
Las cifras provienen de un análisis detallado sobre las tasas de interés y las comisiones que cobra la banca múltiple publicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en junio pasado. Según el documento del órgano fiscalizador, los bancos tuvieron ingresos netos por 2 billones 449 mil millones de pesos entre 2012 y 2017 por esos conceptos.
La banca múltiple del país está conformada por 48 instituciones crediticias, pero siete bancos –conocidos cono el G7– concentran ocho de cada 10 activos, indica la ASF. Ellos son Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, Inbursa, Santander y Scotiabank, que en conjunto manejan las cuentas de nómina y nueve de cada 10 tarjetas de crédito.
En su “Evaluación al sector financiero de México”, publicado en marzo de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial destacan que la banca múltiple mexicana opera bajo “una competencia monopolística”.
Los consejos de administración del G7 reúnen la cúpula de la élite empresarial mexicana: los integran 16 miembros de las 35 familias más adineradas del país –según la revista Forbes–, así como 24 integrantes del exclusivo Consejo Mexicano de Negocios (CMN), al que López Obrador tachó de “minoría rapaz” durante la campaña presidencial. Incluyen los apellidos Slim, Azcárraga, Baillères, Larrea, Garza Sada, Aramburuzabala, Beckmann, Quintana, Servitje, Hank, Ramírez Magaña y Chedraui, quienes amasaron fortunas durante las privatizaciones realizadas en la administración de Carlos Salinas de Gortari (Proceso 2160 y 2167).
También aparecen representantes del grupo de tecnócratas que, al frente de las instituciones económicas del país, implementó el modelo neoliberal en los últimos 30 años: al menos 23 consejeros del G7 encabezaron o laboraron en las secretarías de Hacienda o de Energía, el Banco de México –uno de los órganos encargados de regular el sector banquero–, así como de Pemex durante los sexenios de Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero –quien encabezará la Secretaría de Gobernación en la administración de Andrés Manuel López Obrador– incluso llegó a estar en el consejo de administración de Banorte junto con su esposo Eduardo García Villegas, titular de la notaría capitalina 15, ubicada en el lujoso barrio de Las Lomas. Al ser elegida senadora de la República, Sánchez Cordero renunció a su puesto en Banorte.
En ese pequeño mundo, los 124 consejeros de los bancos del G7 –ya sean titulares o suplentes, accionistas o independientes– son frecuentes los vínculos familiares, sin importar el banco, y al menos 98 de ellos figuran en los consejos de administración de grandes grupos fundados por otros integrantes de las instituciones crediticias.
Así, por lo menos ocho consejeros son o lo fueron también de Televisa –cuatro integrantes de la familia Azcárraga destacan en cuatro bancos–, y por lo menos cinco tuvieron participación en Fomento Económico Mexicano (FEMSA), la embotelladora de Coca Cola de la que tres multimillonarios mexicanos actuales heredaron su fortuna.
No pocos de los consejeros del G7 fueron beneficiados por el rescate bancario de 1995, en el que el gobierno de Ernesto Zedillo nacionalizó las deudas de los bancos y las concentró en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), ahora llamado Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).
Hasta el pasado 31 de octubre, 23 años después del rescate, la sociedad mexicana debía un billón 19 mil millones de pesos para resarcir la deuda del IPAB, según los estados financieros más recientes de la institución./SEMANARIO PROCESO
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