Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las entidades más beneficiadas por el actual pacto fiscal, al ser de los estados que más reciben recursos federales, a pesar de registrar una baja participación en la actividad económica del país.
El miércoles pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con los gobernadores realizar la Convención Nacional Hacendaria para la revisión de la Ley de Coordinación Fiscal, por la cual el gobierno federal, mediante diferentes fórmulas y reglas de operación, transfiere recursos a estados y municipios.
La demanda de revisar este pacto fiscal proviene antes de que López Obrador llegara a la Presidencia, pero se agudizó más por los problemas en las finan zas públicas estatales derivados del Covid-19.
- Los 11 mandatarios que conforman las Alianzas Federalista Pacífico -Norte y Centro – Bajío – Occidente son los que más han solicitado modificaciones en la Ley de Coordinación Fiscal, para que, según sus criterios, se dé una distribución más equitativa y justa de los recursos y tengan más facultades recaudatorias.
- Uno de sus argumentos es que la actual crisis económica y sanitaria evidencia lo ineficiente del pacto fiscal, como el principal instrumento para recaudar y redistribuir la riqueza pública, el cual permite la concentración de 80% de los ingresos públicos en el gobierno central y reparte sólo 20 hacia las 32 entidades y los más de 2,400 municipios.
- Algunos especialistas indican que el pacto fiscal ha ayudado a reducir las brechas económicas en los estados, debido a que las entidades con mayor poder económico y por ende, con más recaudación, “ayudan” a las economías más pobres. Otras voces manifiestan que este sistema federalista limita las áreas de oportunidad de las economías más pequeñas para denotar su sistema recaudatorio.
¿Cuáles son las entidades más beneficiadas por el pacto fiscal? Si se considera el gasto federalizado, que son los recursos que la Federación transfiere a estados y municipios a través de participaciones, aportaciones, subsidios y convenios, así como su participación en el PIB nacional, los ganadores son Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
- El año pasado, Chiapas fue la quinta entidad del país con mayor gasto federalizado al registrar 90,826 millones de pesos, que representa 4.8% del monto total, aunque es la economía 22 por tamaño, con una participación de 1.5% del PIB de México, de acuerdo con datos de la SHCP y el Inegi.
- Oaxaca fue noveno lugar en recepción de recursos federales con 75,382 millones (3.9% del total), mientras su aportación de 1.6% de la economía mexicana, coloca al estado en el escalón 21.
En el caso de Guerrero, fue el onceavo estado en gasto federalizado con 64,539 millones de pesos (3.4% del total); contribuyó con 1.4% del PIB nacional, situándose en el lugar 24.
- Al otro extremo hay grandes economías con bajos recursos. Nuevo León es el claro ejemplo, ya que a pesar de ser el tercer motor económico de México (7.9% del PIB), fue octavo en repartición del gasto federalizado (76,360 millones de pesos, que es 4.0% del total).
- La importancia de analizar el pacto fiscal radica en que, además de que el Covid-19 ha mermado la liquidez de los estados y municipios, su dependencia hacia los recursos federales es alta, a excepción de la Ciudad de México, pues de sus ingresos totales, más de 85% proviene de la Federación.
Es importante recordar que de la Recaudación Federal Participable (RFP) se desprenden los principales fondos de participaciones que les transfiere la Federación a estados y municipios.
Así, el RFP es el conjunto de recursos que percibe la Federación por concepto de impuestos federales, derechos de minería y una parte de los ingresos petroleros. El monto de la RFP, que en el 2019 ascendió a 3.2 billones de pesos, está sujeto a las variaciones de la economía nacional e internacional.
La Ley de Coordinación Fiscal, que data de 1978, señala que su objetivo es coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal, y dar las bases de su organización y funcionamiento./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
