En los estados del país prevalece el control de los Gobernadores sobre los órganos de auditoría locales, lo que ha impedido avanzar en un sistema efectivo de fiscalización, sostuvo ayer el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares.
- «No podemos realmente pensar en ser efectivos en la lucha contra la corrupción en el estatus que, en muchos estados, se ha mantenido a las Auditorías Superiores de los Estados», externó en un foro en Cámara de Diputados sobre mejores prácticas de fiscalización.
- «Es evidente que existe una vinculación política, una gran dependencia para su financiamiento y, a veces, obstáculos para que se mantengan en el cargo los auditores, sobre todo cuando hay cambio de Gobierno», señaló.
- No importa el color del partido que llegue, dijo, porque en la mayoría el nuevo Mandatario quiere tener un auditor a modo, con lo que se cree que les va a ayudar a hacer las cosas mejor.
- Sin embargo, aseguró, cuando las cosas fallan, no se pueden ocultar.
Para Colmenares, los auditores padecen diversas presiones. Citó el caso de Guerrero, donde al titular de la Auditoría le nombraron tres vice auditores, le retuvieron los recursos presupuestarios y se hicieron auditorías personales a los auditores.
En otra entidad, abundó, no quiso renunciar el auditor, por lo que se hicieron reformas para desaparecer a la auditoría del estado y se creó un organismo con otro nombre.
- «Las presiones son fuertes. Recuerdo el caso de un auditor que hizo algunas declaraciones sobre el Congreso local en el norte y, a las tres semanas, apareció que había cometido un fraude y lo metieron a la cárcel», relató.
- El titular de la ASF reconoció que también suele haber auditores que protegen a los Gobernadores.
- Reveló el caso de auditores superiores que han acudido a la ASF a atender las auditorías a los Gobernadores o a arreglar alguna cita, cuando su papel es revisarlos.
- En el foro, la diputada Aleida Alavez señaló que es prioritario evitar que las unidades fiscalizadoras locales sean objeto de presiones indebidas, tanto de naturaleza política, financiera y administrativa, que muchas veces limita su labor fiscalizadora.
Señaló que se consideró pertinente propiciar el diálogo con las entidades fiscalizadoras estatales para impulsar líneas de acción y promover su independencia e impulsar prácticas de calidad, credibilidad y confianza, así como salvaguardar la efectividad de la actividad auditora.
De la misma manera, comentó, se propone revisar las buenas prácticas y lecciones aprendidas en el uso de normas internacionales.
Citó que también se debe reforzar la coordinación en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, integrando a todos los órdenes de Gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
Otro de los grandes pendientes, abundó, es armonizar la Ley General de Contabilidad Gubernamental a las mejores prácticas internacionales./REFORMA-PUNTOporPUNTO
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