A cinco años del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el río Sonora, los afectados directos esperan que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie el próximo miércoles por reabrir el fideicomiso creado por la empresa Grupo México para reparar los daños.
En 2017, tres años después del derrame en la mina Buena Vista del Cobre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró extinto el Fideicomiso Río Sonora bajo el argumento de que el daño a los afectados había sido reparado.
No obstante, organizaciones civiles advirtieron que los dos mil millones de pesos del fondo se ejercieron de manera irregular y poco transparente.
Los 22 mil afectados directos del derrame, agrupados en 12 comités, promovieron una demanda con el apoyo de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), para que el máximo tribunal resuelva si el fideicomiso puede ser cuestionado en un juicio de amparo y en consecuencia, ordenar su reapertura.
Estamos tratando de abrir de nuevo el fideicomiso para que haya participación de las personas afectadas por el derrame y tengan las oportunidad de buscar un resarcimiento mucho mayor a sus derechos humanos.
- «Los pagos que se dieron fueron de 3 a 6 mil pesos, aunque sí hubo Alcaldes que recibieron entre 120 y 150 mil pesos», afirmó Benjamín Cokelet, codirector ejecutivo de PODER.
Tras el derrame, los afectados han promovido 21 demandas de amparo relacionadas con el funcionamiento del fondo, la posibilidad de que los habitantes sean consultados sobre la operación de la nueva presa de Buena Vista del Cobre y respecto a la actividad minera en la región.
- «Los afectados no quieren más minería; por eso están litigando en contra de las Zonas Económicas Especiales que fueron creadas para tratar de usar el derrame como un pretexto para abrir una zona libre de impuestos en el río Sonora y con esto impulsar más la minería», indicó.
En los litigios, los comités buscan acreditar que a cinco años del desastre, hay incumplimientos en la reparación del daño ambiental, por ejemplo, indicó Cokelet, el hospital que debería dar seguimiento a la salud de la población no se construyó.
- «En San Felipe de Jesús, pueblo afectado por el derrame, los índices de cáncer son cinco veces mayores a los que eran hace cinco años. Lo que las personas documentan por su cuenta son ronchas, sangrado interno, ampollas, caída del cabello, visión nublada, caída de uñas, falta de capacidad respiratoria, esta ha sido una queja común», alertó./EL IMPARCIAL-PUNTOporPUNTO
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