El 19 de diciembre termina el plazo para que México ratifique el Convenio de Basilea, una enmienda contra el movimiento transfronterizo de plásticos y la prohibición de exportación de residuos peligrosos que incluye la basura electrónica de países ricos a otros en vías de desarrollo.
Por lo anterior, diversas organizaciones encabezadas por Greenpeace México hicieron un llamado para que el Gobierno mexicano lo ratifique, pues existe el temor de que aumente la importación y exportación de desechos peligrosos y se caiga en una dependencia de estos para la generación de energía como ya sucede en algunas empresas cementeras en Hidalgo.
- Sobre todo, luego de que China cerró sus fronteras a la importación de plásticos sucios y contaminados que hace que la industria busque nuevos mercados.
- Ante ese escenario, señalan las organizaciones, México debe firmar la enmienda para evitar dichos flujos, principalmente de Estados Unidos, el mayor productor de ese tipo de desechos.
APUESTAN A LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS
En entrevista para EconomíaHoy, Miguel Rivas, Doctor en Biología y coordinador de la campaña Océanos Libres de Plástico de Greenpeace México, dijo que es preocupante porque hay intereses de autoridades por apostar por la incineración los residuos.
“Ven en la incineración de residuos una forma limpia -entre comillas- de producir energía” y ello implica “que en algún momento México no cumpla con las cuotas de generación de residuos e incluso tener que importar basura de otros lados”.
Explicó que ya es problema en Hidalgo, donde cementeras como Apaxco convirtieron a Tula en “una zona de sacrificio ambiental” por las sustancias tóxicas que emplea y por la quema de residuos a través de su filial Geocycle México.
“La empresa se aprovecha del poder calorífico y hacen doble negocio: se ahorran el combustible que necesitan para mantener la energía necesaria de sus hornos y le cobran al municipio por el tratamiento de los residuos”.
- Recordó que también en la Ciudad de México se había planteado en la administración de Miguel Ángel Mancera producir energía a través de la incineración de basura con una planta de termovalorización y dicha energía podría usarse para el Metro.
“Amarrar a la producción de residuos a la movilidad es decir que ahora las personas para moverse van a depender de la generación de basura de residuos, no es sostenible, ni es ecológico, ni saludable y tampoco se hace energía limpia”, dijo.
Además señaló que el proceso no es parte de una economía circular como se ha argumentado, pues incinerar los residuos es volver a una economía lineal en la que se extraen materias primas para producir cosas y que luego sean consumidas.
Por lo anterior indicó que la propuesta de las organizaciones es hacer un cambio en la producción y consumo que genera menos residuos y un modelo en el que los envases sean canjeables, reutilizables, rellenables, donde la vida de los productos se alargue.
LEGISLACIÓN “TRABADA”
Cabe recordar que hace unas semanas se registraron varias protestas de los llamados chatarreros integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (Conimer) en contra de una iniciativa de reforma del Partido Verde Ecologista de México que buscaría privatizar el reciclado de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial.
Los manifestantes denunciaron que era latente la entrega de concesiones a particulares y empresas trasnacionales, restando empleos a los chatarreros que viven de la recolección de basura.
También, Rivas advirtió en una columna de opinión sobre una iniciativa para reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) del Senador Jorge Carlos Ramírez Marín del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que “reunía todas las demandas de la industria” y cuyo argumento es culpar a las personas por no reciclar en vez de ver el problema de origen.
Sin embargo, el pasado 5 de noviembre, la Alianza México Sin Plástico logró el apoyo de senadores de todos los partidos para presentar una iniciativa ciudadana que también reforma la LGPGIR y que por primera vez se considera el concepto de “responsabilidad extendida al productor”, que implica que los fabricantes se hagan responsables y, desde el principio, ofrezcan bienes y servicios libres de plásticos.
RECICLAJE NO PUEDE SER LA ÚNICA SOLUCIÓN
Dentro del Convenio de Basilea también considera el problema de la importación y exportación de basura electrónica.
- Profepa tiene pocos reportes públicos sobre cargamentos ilegales. En 2017 informó sobre casos detectados en Veracruz y Colima.
- En el primero aseguró un contenedor de la empresa SCRAPEX S.A. de C.V. con 15 mil 745 kilogramos de desechos electrónicos que pretendían ser enviados de manera ilegal a la República de Panamá.
- Mientras que en el segundo caso, detectó un cargamento ilegal de desechos electrónicos en el Puerto de Manzanillo, consistentes en módems, celulares inservibles, así como tarjetas electrónicas proveniente de Corea del Sur con destino a Miami, Estados Unidos.
Miguel Rivas consideró que los residuos electrónicos son una oportunidad para llevarlos a un esquema de economía circular.
Sin embargo, el actual modelo es de consumo, las cosas se compran, se usan un tiempo y al descomponerse hay que comprarlas nuevas, no hay espacio para la reparación como en el pasado.
“Hay metales que se pueden aprovechar, pero también hay metales pesados y se exporta contaminación a países más pobres donde los más afectados son las poblaciones con menos recursos”, indicó el especialista.
Por lo anterior reiteró que la solución no debe ser un ‘eterno ciclo’ de reciclaje. “La solución tiene que ser reducir los residuos desde que se originan y en el caso particular de los plásticos hay que eliminarlos y buscar estrategias que eviten que el consumidor final se lleven un montón de basura cada vez que van de compras al supermercado”./SIN EMBARGO-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
