De acuerdo con MILENIO, el 99 por ciento de los organismos operadores de agua encargados del saneamiento y suministro del servicio en 2 mil 469 municipios del país están financieramente quebrados.
- El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados, Rubén Muñoz Álvarez apuntó para ese medio que viven esta situación debido a que carecen de adecuados sistemas de recaudación y falta de normas y tarifas claras aplicables a los grandes consumidores, lo que se traduce para el erario federal en una pérdida mayor a 100 mil millones de pesos anuales.
“A pesar de que el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alcanzó niveles históricos para obras de infraestructura, al pasar de 23 mil 727 millones en 2019 a 68 mil 485 millones de pesos en 2023 y 62 mil 674 millones a ejercer en este año, el problema de abasto eficiente de agua, además de la intensa sequía que está enfrentando el país, es multifactorial consecuencia de que en las últimas administraciones federales se fue generando una condición de rezago en cuanto a los requerimientos hídricos del país”, subrayó.
Expresó que apenas se recaudan 17 mil 500 millones de pesos anuales (28 por ciento del presupuesto federal de Conagua) por la prestación del servicio.
- Por ello remarcó que, de las 3 mil 961 plantas de tratamiento de aguas residuales presentes en el país, 2 mil 500 no operan eficientemente y mil 330 están apagadas o fuera de servicio lo que indica “que se están desperdiciando grandes volúmenes que podrían ser utilizados en la agricultura e industria donde está más del 82 por ciento del consumo en el país”.
“El reto, para una mayor dotación de agua es tecnificar 86 distritos de riego agrícola, empezando con los primeros 20 que están cerca de las once principales metrópolis porque si invertimos en la modernización de ese ese número de circunscripciones, vamos a tener agua suficiente para dársela a la población”, explicó Rubén Muñoz Álvarez.
Puntualizó que ya se trabaja en la Ley General de Aguas que, aclaró, no se trata de una privatización, sino que se establezcan tarifas equilibradas y la dotación de recursos que privilegie el derecho humano por encima de otros sectores como el industrial donde es necesario revisar las concesiones para que no sobrepasen los volúmenes establecidos y ponerles un sistema macro y micro de medición “porque, por distintas razones, no se mide y no se paga”.
- Enfatizó que aunque las concesiones para uso agropecuario no están obligadas a pagar por el agua de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, también requerirán de una revisión para que justifiquen sus consumos, a fin de evitar el llamado huachicoleo estimaciones indican que de las más de 520 mil permisos federales, un 20 por ciento no están regularizados y captan el agua sin autorización que luego venden a otros sectores.
“Ante la crisis hídrica no vista en los últimos 15 años y sobre todo para garantizar el suministro a futuro, necesitamos emprender una gran cruzada nacional para la fiscalización del agua que con el cobro justo, genere los recursos suficientes para invertir 130 mil millones de pesos anuales que requiere el reequipamiento del sistema hídrico, según recomendación de las Naciones Unidas para alcanzar cuando menos el uno por ciento del PIB”.
Cultura de no pago
Patricia Hernández Martínez, directora general de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (Aneas), señaló que pese a la crisis hídrica, extrema en once entidades del país, se hacen esfuerzos extraordinarios para mantener el suministro, mismo que esperan se regularice hacia mediados de junio con las primeras lluvias.
- Precisó que los organismos operadores enfrentan un preocupante déficit financiero debido a que Estados y municipios, de los cuales dependen, operan con subsidios en las tarifas con lo que tienen que trabajar, además de que menos de 65 por ciento de los consumidores, como media nacional, pagan regularmente su consumo de agua lo cual se refleja en la baja recaudación.
“Lo que se enfrenta es una cultura del no pago por ser el acceso al agua un derecho humano que no se puede restringir, pese a que implica bombeo, potabilización y conducción del suministro a los hogares del país. Sin embargo, los organismos operadores cumplen con el carácter social en la dotación del recurso, aun cuando enfrentan costos más elevados como es la reclasificación de la tarifa eléctrica que significó un incremento de 60 por ciento, fugas en tuberías y cambio de normativas en saneamiento y potabilización sin contar con mayor presupuesto”, remarcó.
- Hernández Martínez subrayó que uno de los temas que más preocupan es la reducción de 14 mil millones de pesos en 2016 a sólo mil 950 millones de pesos de los subsidios del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Proagua) destinados a aumentar la cobertura de los servicios de agua potable que prestan los organismos operadores de los municipios en las zonas urbanas y rurales.
“Ese presupuesto que se asigna a los gobiernos de los estados y municipios es el que acompaña a los organismos operadores para atender sus programas de ampliación, mantenimiento y construcción de infraestructura, por lo que el recorte podría limitar proyectos de inversión para la gestión y dotación eficiente del agua que por ser un derecho humano es un asunto que debe ser tratado como prioridad nacional”, concluyó.
- Oscar Ocampo, coordinador de energía y medio ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), comentó que por las tarifas subsidiadas y escasa recaudación, la mayoría de los organismos operadores enfrentan pérdidas que tienen que ser contrarrestadas con aportaciones de la Federación a través de la Conagua.
“La realidad es que fuera de las grandes ciudades, muy pocos tienen recursos para una gestión eficiente del agua o para invertir en tuberías, alcantarillado y sistema de cobro eficientes, por lo que la gran mayoría opera, pero con alguna u otra deficiencia que afecta a los usuarios”.
- El investigador mencionó que el gasto promedio mensual por agua en los hogares mexicanos es de 136 pesos que es la mitad del costo real. Y ante ello, es necesario hacer conciencia entre la población para que cuide y pague su consumo y se pueda contar con un sistema hídrico eficiente y autosustentable.
- “Una alternativa para detonar los pagos, es simplificar la gestión de tarifas y ajustar los procesos de facturación para que sean más eficientes ya sea utilizando los sitios electrónicos o de manera presencial, además de garantizar que los usuarios tengan acceso a los detalles de sus pagos de manera fácil, clara y actualizada”.
Ocampo comentó que una mejor forma de aprovechar los subsidios y garantizar que éstos realmente beneficien a la población de menores ingresos, es focalizarnos a partir del Índice de Marginación de los Municipios del Coneval lo que resultará en que Estados, municipios y organismos operadores puedan aplicar tarifas más retributivas a quienes más consumen y esos recursos sean aprovechados para un mejor equipamiento y mantenimiento de los sistemas hídricos.
Pipas hacen su ‘agosto’ por histórico desabasto de agua
Son parte ya del paisaje urbano de varias ciudades del país se les ve transitar en las principales calles y avenidas. Con desperfectos mecánicos y con miles de litros de agua potable en almacenamiento circulan estas unidades que la ciudadanía reconoce a simple vista.
- Se trata de cientos de pipas que han afianzado operaciones en varias colonias, localidades, municipios y ciudades del territorio nacional. Su misión consiste en dotar de agua a miles de familias que enfrentan desabasto de este servicio. Un problema que se agudiza.
La crisis de agua ha permitido a empresas de este giro entrar al quite por partidas presupuestales de municipios, alcaldías y hasta gobiernos locales y estatales en fechas recientes.
De acuerdo con el sitio de compras del Gobierno federal, Compranet, varias administraciones han tenido que echar mano de empresas privadas para mitigar la escasez de agua y garantizar este servicio público.
- Los recursos que se han erogado en los últimos tres años ascienden a miles de millones de pesos que han sido destinados para la contratación de camiones que almacenan y distribuyen agua potable.
- Por ejemplo, dependencias gubernamentales como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Centro Nacional de Control de Energía, la Secretaría de Salud federal y otras instituciones de gobierno, han tenido que contratar pipas de agua para cubrir las necesidades que enfrentan en este periodo de estiaje.
- Entre las empresas que han sido contratadas para brindar el transporte de agua en los últimos años se encuentran consorcios privados de varios estados del país que han incrementado sus ingresos por adjudicación directa.
Bajo el argumento de la crisis actual de agua, también aparecen ayuntamientos y gobiernos estatales que han firmado varios contratos con este tipo de empresas para abastecerse de agua potable.
Es justamente este 2024 el año que se perfila para que el uso de pipas por parte de la administración local y federal se incremente.
- Mientras varios municipios han seguido su ejemplo al firmar contratos que ascienden a millones para el arrendamiento de pipas y camiones de almacenamiento con empresas piperas ubicadas en el Estado de México, Querétaro, Monterrey, Guadalajara y la propia Ciudad de México.
- El costo de los servicios de estos corporativos se ha incluso duplicado en algunos casos ante la demanda que existe en este 2024 y que, de acuerdo con el pronóstico de las autoridades, la situación de escasez se agravará en varios puntos del país, por lo que se prolongará el uso de estas unidades.
José Luis Luege Tamargo, extitular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alerta sobre la posibilidad de que las sequías en el presente año intensifiquen el racionamiento de agua ya existente en diversas áreas del país, prolongando aún más los cortes en el suministro.
- Mientras que Enrique Castelán Crespo, presidente del Consejo Internacional de Recursos Naturales y Vida Silvestre, A.C., asegura que cuando se comienza a abastecer de agua a la población de esta manera, significa que se falló en la gestión de este líquido.
“Los ciudadanos tendrán que acostumbrarse a las pipas de agua, pero no como solución al problema, sino como una respuesta a una situación de crisis”, precisa a este diario.
- De acuerdo con datos oficiales, el sector agrícola en el país es responsable del consumo del 75 por ciento del agua disponible, mientras que la industria utiliza únicamente el 5 por ciento./Agencias-PUNTOporPUNTO
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