Con el voto de Morena y sus aliados, el Pleno del Senado aprobó reformas a la Ley General de Salud y de los Institutos Nacionales de Salud, con lo cual desaparece el Seguro Popular y se crea el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos a todas las personas sin seguridad social, incluidos extranjeros, sin importar su estatus migratorio.
- En medio de una ríspida discusión con señalamientos de corrupción e insensibilidad para con millones de mexicanos que no tienen seguridad social, los senadores aprobaron con 67 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones estas reformas que eliminan el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el cual se destinaba a enfermedades graves como cáncer, VIH-Sida, entre otras.
Ahora, ese fondo, que tenía un presupuesto de 40 mil millones de pesos, será sustituido por el Fondo de Salud para el Bienestar, y los recursos se destinarán a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, infraestructura en los estados con mayor marginación social, y servirán para complementar los recursos para el abasto de medicamentos, insumos o exámenes clínicos.
Fue un debate ríspido y fuerte, donde panistas y priistas acusaron a Morena de insensible, y pintar un “mundo de maravilla”, pero sobre todo de poner en riesgo la vida de 50 millones de mexicanos que se ponen a la deriva en materia de salud y 66 enfermedades catastróficas que cubría el Seguro Popular, pues no se destinan los recursos necesarios para que este programa les garantice salud.
La priista Claudia Anaya aseguró que “nadie puede estar en contra de tanta belleza”, que se plantea con el Insabi, pero advirtió que en la realidad su lema será el siguiente: “Aspirinas para todos, quimioterapias para nadie”.
El dictamen establece que se garantiza que el gobierno federal destinará anualmente recursos en numerario para la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos asociados, cuyo monto no deberá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior.
Se precisa que recibirán de manera gratuita los medicamentos y demás insumos asociados que sean necesarios para el paciente en turno, por los cuales “no se cubrirá ningún tipo de cuotas de recuperación o cualquier otro costo por los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que reciban para la atención de cualquier enfermedad”.
- El dictamen aprobado establece que la universalidad de estos servicios será financiada de manera solidaria por la Federación y los gobiernos estatales.
- Para ello, antes se creará el Fondo de Salud para el Bienestar, un fideicomiso público sin estructura orgánica, constituido en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en una institución de banca de desarrollo, donde el Insabi fungirá como fideicomitante y será el encargado de destinar los recursos que integrarán su patrimonio para atender enfermedades que provocan gastos catastróficos; un beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.
También canalizará recursos para atender las necesidades de infraestructura, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, y complementará los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como del acceso a exámenes clínicos, asociados a personas sin seguridad social.
- Asimismo, las entidades federativas y, en su caso, la Secretaría de Salud y el Insabi, dispondrán lo necesario para transparentar la gestión de los recursos, de conformidad con las normas aplicables en materia de acceso y transparencia a la información pública. Sin embargo, se advierte que dicho servicio será suspendido de manera temporal a cualquier beneficiario cuando por sí mismo o indirectamente se incorpore a alguna institución de seguridad social, federal o local (IMSS e ISSSTE).
En tanto, se cancelará el acceso a los servicios gratuitos de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas que no gocen de seguridad social, cuando realicen acciones en perjuicio del acceso a los servicios gratuitos de salud; afecten los intereses de terceros o proporcionen información falsa para determinar su condición laboral o de beneficiario de la seguridad social./LA CRÓNICA-PUNTOporPUNTO
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