Representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) defendieron ante diputados el gasto del Poder Judicial para 2025, que se prevé sea menor en términos reales con respecto a 2024, y advirtieron que, si hay nuevos recortes presupuestales, se afectarían los derechos de los trabajadores.
- Gisela Morales González, oficial mayor de la SCJN, recordó que para el próximo año el máximo tribunal del país solicitó un presupuesto de 5 mil 922.9 millones de pesos (mdp), que significa una disminución en términos reales de 1.4 por ciento en comparación con lo aprobado para el año en curso.
- De igual forma, señaló que la Corte ha instrumentado mejoras en el ejercicio de sus recursos, lo cual ha permitido que en los cinco años recientes haya alcanzado una eficiencia de 99 por ciento en la utilización de sus fondos.
Según Morales, 8 de cada 10 pesos que recibe la SCJN se dirigen al Capítulo 1000, de Servicios Personales, mediante el cual se cubren los sueldos y prestaciones de sus 3 mil 805 trabajadores. En ese rubro, dijo, se solicitaron 21.6 mdp menos que en 2024, equivalente a una baja de 4.6 por ciento.
Además, indicó que en el proyecto de presupuesto de la Corte ya se contemplan las bajas en las remuneraciones de los ministros y de más de 300 servidores públicos más, para acatar lo dispuesto por la reforma al Poder Judicial de la Federación.
- Añadió que la SCJN tiene seis fideicomisos bajo su responsabilidad, en proceso de extinción, cuyo saldo es de 7 mil 221.7 mdp al 31 de octubre.
- Por su parte, María Fernanda Casanueva de Diego, secretaria ejecutiva de administración del CJF –organismo que seguirá en funciones mientras no se cree el Tribunal de Disciplina Judicial–, indicó que para 2025 se solicitaron 75 mil 142.8 mdp, inferior en 3.3 por ciento en términos reales con respecto al año en curso.
La funcionaria señaló que el CJF ha tenido prácticamente los mismos fondos anuales a través del tiempo, y en 2025 su presupuesto tendría un comportamiento “inercial” para mantener la operación de la estructura.
Detalló que también 8 de cada 10 pesos recibidos por la Judicatura se destinan al pago de los salarios de sus 50 mil 81 trabajadores, de los cuales 91 por ciento está adscrito en órganos jurisdiccionales.
- En 2025, dijo Casanueva, el Poder Judicial tendrá que crear al menos 20 órganos jurisdiccionales más, para fortalecer la atención de los 1.6 millones de asuntos que analiza la Judicatura al año, y recordó que, por la extinción de los fideicomisos, ya no dispondrá de esos recursos.
“Debido a las disposiciones de la reforma judicial, se prevé la salida de un gran número de magistrados de circuito y jueces de distrito, por eso en 2025 se tienen los recursos necesarios para cubrir las sustituciones de los jueces que causen baja y los derechos laborales de los jueces en retiro”, indicó.
Informó que el CJF cuenta con cuatro fideicomisos, también en proceso de extinción, en los cuales hay remanentes por 10 mil 181 mdp, parte de los cuales serán utilizados para los pagos extraordinarios a jueces y magistrados.
Recortes afectarían a trabajadores
En términos generales, las diversas fracciones parlamentarias reconocieron los esfuerzos de la SCJN y el CJF para gestionar sus recursos con austeridad y eficiencia, aunque hubo también algunas dudas sobre la causa del aumento presupuestal en diversos rubros.
“Reconocemos el esfuerzo de la SCJN con la propuesta de presupuesto que enviaron, que es menor en 1.87 por ciento en términos reales para el ejercicio de 2025. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que, analizando capítulo por capítulo, hay incrementos sustanciales”, apuntó Magdalena Núñez (PT).
- Un ejemplo, dijo, es el Capítulo 2000, de Recursos Materiales, que creció en 18.1 mdp para 2025; el 3000, de Servicios Generales, se incrementará en 105 mdp (8.11 por ciento más que en 2024), y el 5000, de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, con un añadido de 18.8 mdp.
- Consultadas sobre las posibles consecuencias de que el Poder Judicial sufra nuevos recortes en sus fondos en 2025, ambas funcionarias coincidieron en que los principales afectados serían los trabajadores, cuyos derechos no deberían ser perjudicados.
“El 81 por ciento del presupuesto de la SCJN es para Servicios Personales. Cualquier recorte que pudiera sufrir eventualmente implicaría tocar a los trabajadores, y dentro de la propia reforma al Poder Judicial se dice que los derechos de los trabajadores se van a respetar”, alertó Gisela Morales.
En términos similares, Casanueva de Diego coincidió: “sería muy probable que un recorte sí impacte en el número de personas (que laboran en el CJF). Esa parte nos preocupa, porque estaríamos afectando a los Servicios Personales”./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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