A cuatro meses de que concluya funciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e inicie la nueva época, con nueve ministros que sean electos por voto popular, el alto tribunal inició una reducción paulatina de sus tareas, como parte del plan de entrega del cargo, lo que deja en el limbo, al menos hasta el 1 de septiembre, la resolución de casos de alto impacto, reformas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como el trámite de nuevos asuntos.
También, posiblemente queden pendientes los nombramientos de tres de los cinco integrantes del nuevo Órgano de Administración Judicial, que la reforma, establece, sean nombrados por la actual integración.
- A partir de mediados de abril, el pleno redujo sus sesiones de tres a dos semanales hasta el 28 de mayo; es decir, únicamente los lunes y martes. Y de junio al 12 de agosto lo hará sólo los martes. Además, la primera y segunda salas tendrán sesiones públicas ordinarias hasta el 28 de mayo, para posteriormente hacerlo cada 15 días hasta el 13 de agosto.
- Recibirán y asignarán sólo los asuntos “urgentes o preferentes”, como amparos que involucren a menores de edad, personas privadas de su libertad o disputas agrarias y laborales.
- También, controversias donde se solicite la suspensión y acciones contra leyes electorales, solicitudes de facultad de atracción e incidentes de inejecución de sentencias de amparo.
- Esto se establece en el acuerdo general 3/2025, avalado por el pleno en marzo pasado y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como parte del proceso de transición hacia una nueva integración del máximo tribunal.
Laurence Pantin, directora de la organización Juicio Justo, y co-coordinadora del Observatorio de la Justicia del Tecnológico de Monterrey, señala que no ha habido mucha explicación para justificar que dejen de tener sesiones para resolver asuntos.
“Lo que se podría imaginar es que, efectivamente, como se dice en el acuerdo, los ministros tienen que hacer su entrega. Por eso se supondría que necesitan tiempo, pero la verdad no hay una explicación sólida de esta decisión, y ha habido muy poca información”, expuso.
El pleno de la SCJN tiene listados un total de 68 asuntos para 17 sesiones, entre los que se encuentran la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa (PPO), sobre el cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a México, desde 2023, adecuar a estándares internacionales su legislación interna.
Otro de los pendientes es la constitucionalidad de las modificaciones a la Carta Magna avaladas por el Senado el 28 y 29 de abril del 2023, denominado “viernes negro”, cuando se aprobaron 20 reformas de diversas materias en fast track, 18 de las cuales fueron constitucionales, todas propuestas por López Obrador.
En espera también están las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados y senadores de oposición contra las modificaciones a la Ley de Amparo, para impedir que se presenten controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad contra modificaciones a la Carta Magna.
Y aunque se discutan en el pleno, la actual conformación del máximo tribunal no permitiría invalidar dichas reformas, pues para anular o validar una norma o ley son necesarios ocho votos de sus 10 integrantes, y tres de ellos son afines a la 4T.
Ante este escenario, especialistas se cuestionaron dónde queda que la SCJN garantice que toda persona tiene derecho a una justicia pronta, completa, imparcial y expedita.
“Me llama la atención que hayan decidido bajar la cortina, como se dice coloquialmente, y ya no recibir más asuntos para solamente dar atención a asuntos de carácter urgente o preferente.
“Hay temas que debieran de ser atendidos, por ejemplo el de la prisión preventiva oficiosa, que desde el año pasado se la pasaron con que ya estaba enlistado y ya iban a discutirlo y, finalmente, no lo discutieron y hoy parece que de ninguna manera lo harán, y mucho menos en el contexto de la reforma constitucional que ya impide poder estar interpretando aún en el sentido de inaplicado la prisión preventiva oficiosa”, consideró el abogado constitucionalista Francisco Burgoa.
- La decisión de reducir el número de sesiones y congelar la admisión de nuevos temas hasta después del cambio de ministros generará un importante obstáculo en el acceso a la justicia pronta y expedita, prevista en la Constitución, pues provocará rezago de casos para los juzgadores entrantes, dijo Pantin.
- “Va a generar un rezago muy importante para las nuevas personas ministras, lo que se suma a la curva de aprendizaje que pueda representar para quienes resulten electos y no se hayan desempeñado en el cargo anteriormente”, estimó.
Al cierre de febrero, el alto tribunal contabilizaba mil 100 asuntos sin resolución, cifra que se incrementó debido al paro de labores de los juzgadores contra la reforma judicial, al que se sumó la Corte durante dos semanas en septiembre del 2024.
Ello, considera la experta, se suma a que la desaparición de las dos salas que contempla la reforma representa que todos los temas deban ser analizados por el pleno.
“Esto va a retrasar mucho los tiempos de resolución de la Corte, pues las salas resolvían de manera paralela, además de que el número de asuntos que cada ponencia tendrá será mucho mayor, al ser nueve ministros y no 11, como se establece la conformación actualmente”, evalúa.
La SCJN resuelve casi 12 mil asuntos al año, por lo que, según cálculos de los especialistas, para septiembre, cuando inicie labores la nueva integración, podrían sumar siete mil asuntos rezagados./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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