La estructura de los superdelegados federales que fue creada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para operar la distribución de los programas sociales en las entidades federativas, acumula ya cientos de indagatorias por presuntas anomalías, sin embargo, ninguna de estas ha derivado en algún castigo para los responsables.
- En efecto, la Secretaría de la Función Pública confirmó vía transparencia la apertura de estos cientos de procedimientos durante el actual sexenio contra los superdelegados, formalmente denominados como “Delegados Federales de los Programas para el Desarrollo en los Estados”, aunque todos ellos han resultado exonerados de cualquier responsabilidad.
“De la búsqueda realizada en los archivos físicos y electrónicos con los que cuenta el Área de Especialidad en Quejas, Denuncias e Investigaciones en el Ramo Bienestar se localizaron 201 registros de expedientes de denuncias relacionadas con ‘Delegados Federales de los Programas para el Desarrollo en los Estados’”, señala la respuesta otorgada por la Secretaría (folio 330026523004452).
- Los registros proporcionados por la dependencia muestran que los superdelegados federales han sido denunciados por hechos de muy distinta naturaleza, incluyendo enriquecimiento oculto, desvío de recursos públicos, tráfico de influencias, nepotismo e inclusive abuso o acoso sexual.
- La principal irregularidad que ha sido investigada por la Secretaría en el actuar de los superdelegados es el incumplimiento a leyes reglamentos y demás disposiciones normativas, con 78 expedientes; seguido de incumplir con las funciones atribuciones y comisiones encomendadas, con 62 casos; y, en tercer lugar, abuso de funciones, con 14 indagatorias.
Otras conductas investigadas son exceso en el cumplimiento de funciones (abuso de autoridad), con ocho expedientes; maltrato en la prestación de un trámite o servicio y/o en el ejercicio de funciones, con seis casos; nepotismo. con otros seis casos; así como descuido o falta de atención en el cumplimiento de las obligaciones, con cinco pesquisas, al igual que desvío de recursos públicos, con otros cinco casos.
Los registros proporcionados por la dependencia muestran que los superdelegados federales han sido denunciados por hechos de muy distinta naturaleza, incluyendo enriquecimiento oculto, desvío de recursos públicos, tráfico de influencias, nepotismo e inclusive abuso o acoso sexual.
La principal irregularidad que ha sido investigada por la Secretaría en el actuar de los superdelegados es el incumplimiento a leyes reglamentos y demás disposiciones normativas, con 78 expedientes; seguido de incumplir con las funciones atribuciones y comisiones encomendadas, con 62 casos; y, en tercer lugar, abuso de funciones, con 14 indagatorias.
Otras conductas investigadas son exceso en el cumplimiento de funciones (abuso de autoridad), con ocho expedientes; maltrato en la prestación de un trámite o servicio y/o en el ejercicio de funciones, con seis casos; nepotismo. con otros seis casos; así como descuido o falta de atención en el cumplimiento de las obligaciones, con cinco pesquisas, al igual que desvío de recursos públicos, con otros cinco casos.
No obstante, el abanico de presuntas anomalías que se les atribuye a los superdelegados es mucho más extenso, según puede corroborarse en todas las siguientes denuncias, y considerando que por cada una de ellas se emprendió un solo expediente:
Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, abuso o acoso sexual, tráfico de influencias, nepotismo, solicitar y o recibir dinero o alguna otra dádiva a cambio de la prestación de un servicio o la realización de un tramite, negar, condicionar y/o suspender la prestación de un trámite, servicio o programa federal a cambio de alguna acción adicional a los requerimientos, desacato, incumplir con las funciones, incumplimiento a leyes reglamentos y demás disposiciones y no denunciar actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas.
Impunidad total
Pese al gran cúmulo de indagatorias que se han emprendido contra los superdelegados por parte de la Secretaría de la Función Pública, durante el actual sexenio, la dependencia confirma que ninguna de ellas ha generado sanciones para esos funcionarios del Gobierno del presidente López Obrador.
“Se informa que de la búsqueda exhaustiva y razonable realizada en los archivos físicos no se localizaron registros de sanciones firmes de ningún tipo (graves o no graves) en contra de las personas identificadas en la solicitud (Delegados Estatales) (recurso de revisión RRA 2459/24)”.
“Es importante referir que, el expediente 2019/BIENESTAR/DE28, se integró en contra de dos personas servidoras públicas, en el que estaba involucrado una persona servidora pública con cargo de delegado; sin embargo, la persona que resultó sancionada no corresponde a ‘delegado o superdelegado’. (…) Por lo anterior, se aclara que, en el expediente de referencia no se impuso sanción a ninguna persona delegada”, así lo expone la dependencia.
Además, dado que no existen “sanciones firmes” contra ningún superdelegado, entonces todos los nombres de estos funcionarios que han sido denunciados, así como los estados donde se encuentran asignados, están clasificados como información confidencial, por lo que no pueden ser proporcionados; así lo validó también el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Resultados nulos
Considerando los 201 expedientes totales que han sido abiertos contra los superdelegados, un cargo que han ocupado personajes como Carlos Lomelí Bolaños, en Jalisco y la actual gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, en ese estado, los registros muestran que 190 ya están “concluidos”, mientras que 11 continúan en “investigación”.
Ahora bien, sobre la conclusión de los mismos, 177 se clasificaron como “Acuerdo de Archivo por Falta de Elementos”, 11 como “Incompetencia”, dos como “Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa” y 11 como “No aplica” (dado que siguen en investigación).
Por lo tanto, en el apartado de “Sanción”, la dependencia indica que en 199 casos “No aplica”, mientras que los dos restantes, concluidos con un “Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa”, tuvieron estos desenlaces sin castigo: en uno hubo un “Acuerdo de improcedencias sobreseimiento”; en el otro, como ya se expuso, el “superdelegado” involucrado fue exonerado (expediente 2019/BIENESTAR/DE28):
“Hay dos servidores públicos involucrados, uno se resolvió con inexistencia de responsabilidad y el otro se sancionó con amonestación pública“.
‘Una estructura partidaria’
El diputado del Partido Acción Nacional, Héctor Saúl Téllez Hernández, se pronunció por revisar la estructura de los superdelegados que tienen a su cargo a los “siervos de la nación”, que en los hechos realizan actividades de promoción de los programas sociales con un carácter evidentemente electoral y clientelar y manipulan las elecciones tanto federales como locales.
- Indicó que se trata de una estructura partidaria le cuesta al erario tres mil 200 millones de pesos anuales, ya que los superdelegados tienen salarios que van de los 77 a los 82 mil pesos al mes.
“Esta estructura de los superdelegados en todos los estados se encarga precisamente de coordinar los trabajos de bienestar y de programas sociales, pero se ha encontrado que a través de los siervos de la nación hacen también actividades de manipulación de la comunidad, de estar formando redes clientelares y fue lo que sucedió el pasado 2 de junio.
“Nosotros tenemos que hacer énfasis en señalar que esta estructura le cuesta al erario más de tres mil 200 millones de pesos al año para mantener a cada uno de los superdelegados que tienen sueldos de entre 77 mil y 82 mil pesos mensuales. Pero más allá de eso, está todo el ejército de los siervos de la nación, que son más de 23 mil personas que ganan entre 8 y doce mil pesos al mes.
“Estamos hablando de una estructura de carácter electoral simulada para la promoción de los programas sociales pero que en los hechos trabaja como una estructura partidaria para manipular las elecciones en las entidades federativas y a nivel federal. Por ello, considero que la función de los superdelegados se debe delimitar y que los órganos de control interno verifiquen su funcionamiento.
“Tenemos que ver si se justifica o no su existencia, pero el llamado sería a los órganos de control internos para que sepan cuánto están gastando, cuál es el trabajo que realizan y si realmente esa estructura se justifica o no y, sobre todo conocer, a través de diversos señalamientos que hace la Auditoría Superior de la Federación y los señalamientos que hace la Secretaría de la Función Pública, un análisis riguroso de los siervos de la nación y los superdelegados que existen en cada entidad federativa si realmente este gasto de recursos de más de tres mil 200 millones de pesos al año se justifica o no su existencia.
Héctor Saúl Téllez consideró que esto también es un trabajo que tienen que realizar la Fepade y del INE a través de la unidad técnica de fiscalización para conocer si los siervos de la nación están siendo utilizados o no para la manipulación electoral.
’No tienen fin electorero’
Por su parte, el diputado de Morena, Daniel Gutiérrez, justificó la actividad de los superdelegados y rechazó que tengan un carácter electorero.
“Cuando se propuso aquí en la Cámara de Diputados reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en esa estructura se propuso tener un área que pueda atender los programas sociales y se les llamó los delegados del Bienestar, que pertenecen a la Secretaría del Bienestar, que encabeza Ariadna Montiel.
“Esto lo que hace es un área encargada que da seguimiento a los programas sociales, como el de Adultos Mayores y Sembrando Vida, para que el contacto sea de manera directa, sin intermediarios, para que no se preste a temas políticos”.
Recordó que se reformó la Constitución para que quede claramente establecido que aquel que usa los recursos públicos para fines electorales sea castigado con prisión preventiva oficiosa y se le finquen responsabilidades.
Parte de la estructura burocrática
Después de todo la controversia y furor que ocasionó la figura de los superdelegados al inicio de la actual administración federal, actualmente es un cargo sin tanto peso ya que el escalón que se buscaba construir para que los alfiles de Morena llegaran a las gubernaturas, prácticamente desapareció.
Al respecto, Gustavo López Montiel, profesor de las Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, opina que el cargo ya no genera expectativa.
“Hoy el cargo no genera expectativa porque muchos de los candidatos, que ahora son gobernadores, no vienen de estos cargos. Entonces, se pueden considerar como una parte de la estructura burocrática más.
“En buena medida, los programas de distintas dependencias terminaron siendo operados por las propias dependencias públicas, solo en algunos casos en los que a la Secretaría del Bienestar se les dificultaba la operación, entraron los superdelegados. Por eso, ahora los superdelegados no son tan relevantes como lo eran en un inicio, solo son relevantes en la medida en la que puedan operar recursos y capacidad política y son muy pocos los que han logrado hacerlo”, explica el especialista.
- Otro de los factores del fracaso de esta figura, dice López Montiel, radica en lo más profundo de la actual administración pública federal, en la falta de una estrategia clara o filosofía de cómo operará el gobierno.
“Hay un tema importante que ni el presidente actual ni la presidenta electa han planteado y tiene que ver con el gobierno en sí, es decir, cómo opera la administración pública y sus capacidades que tienen para esa operación. Para lograrlo se requiere de la construcción de capacidades técnicas o por lo menos filosofías a partir de las cuales se gobierne, lo único que tienen es la austeridad, pero la austeridad como tal no es una filosofía de operación política y administrativa.
“Por eso fracasaron esas figuras, se debería de discutir esta figura y también la manera en la que la administración pública funciona”, concluye./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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